Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el gobierno de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial.
Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a formar una red opaca de negocios cuya fachada inicial era la de un intercambio humanitario con el Gobierno de Venezuela de alimentos y camiones cisterna por el petróleo que a Caracas se le dificultaba vender a consecuencia de las sanciones internacionales. Pero enseguida el esquema incluiría la comercialización de otros commodities como carbón o aluminio, ya sin el pretexto del intercambio.
Mientras la red se desarrollaba y cobraba escala hasta manejar millones de barriles de crudo y miles de toneladas de otras mercancías, persistía también el misterio de cuánto de ello era del conocimiento del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Amén de insuficiente, la acción del ente fue tardía, justo cuando Washington se dispuso a adoptar sanciones financieras contra Joaquín Leal y otros protagonistas del negocio.
Ahora una investigación de EL PAÍS y Armando.info, adelantada a partir de miles de documentos internos de la red, ha obtenido evidencias de que al menos una instancia del gobierno mexicano podría haber actuado como aliado de la red, según los documentos de la empresa Libre Abordo, en los que esta se presentaba como designada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones y como cliente de Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria del Estado mexicano.Previous
Además, documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes en respuesta para este reportaje.
“Libre Abordo fue nombrada por el gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos en poder de ambos medios. En la presentación, la empresa, creada ad hoc por Joaquín Leal para los negocios con Venezuela, explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre las autoridades de Caracas y Ciudad de México.
Todos a bordo
La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. “Segalmex recibe instrucciones del gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según la versión de Libre Abordo, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de de dos millones de barriles de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.
A esa mención se suma otro documento del legajo electrónico obtenido para esta investigación periodística. En la búsqueda de clientes que estuviesen dispuestos a refinar el petróleo de PDVSA que se había intercambiado por alimentos, Libre Abordo contactó a principios de 2020 con la refinería india Reliance. A propósito del proceso de debida diligencia iniciado por la empresa asiática para certificar a su posible nuevo proveedor, Libre Abordo entregó una carta fechada el 16 de diciembre de 2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con destino a Venezuela. “Podemos confirmar que hemos recibido instrucciones del gobierno mexicano para proseguir con este trato”, se lee en la misiva que lleva la firma supuesta del entonces jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira. “El maíz se repartirá en tres entregas programadas para la tercera semana de enero de 2020, la tercera semana de febrero y la tercera de marzo”. Fuentes próximas al exfuncionario, quien dejó el cargo en junio del año pasado envuelto en acusaciones de corrupción, aseguran que la firma en la carta no es la de Gavira y afirman que se trata de una simulación forjada por Leal y sus colaboradores.
Libre Abordo también presentó un comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre de 2019 a Segalmex por 330,6 millones de pesos (15 millones de dólares) como adelanto para la entrega de las 210.000 toneladas de maíz de la operación inicial. La empresa que hizo el pago fue Consorcio Panamericano SA de CV, una compañía mexicana en la que la abuela de Leal es socia junto a presuntos testaferros que participaron en otras entidades del empresario. Libre Abordo aseguró en los correos enviados a Reliance que Consorcio Panamericano le hizo un “préstamo” para completar la transacción. Consultada para este reportaje, Segalmex ha respondido que “no va a hacer comentarios” sobre la supuesta operación.Previous
La operación que incluía el maíz y unos camiones cisterna a cambio de crudo venezolano prometía aliviar las tribulaciones del régimen de Caracas. Presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos de sus jerarcas y a organismos como la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central, el gobierno de Maduro encontraba cada vez más dificultades para colocar su menguante producción de crudo en mercados internacionales y obtener divisas. Un canje humanitario parecía brindar una fachada a la transacción lo bastante convincente para pasar el escrutinio de Washington.
Esos dos millones de barriles iniciales de junio de 2019 se acabaron convirtiendo en un volumen de al menos 30 millones de barriles de crudo en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo, con lo que la equivalencia de los bienes canjeados había cambiado, en detrimento de la parte venezolana. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques bajo la patente de la “ayuda humanitaria”.
A pesar de las maniobras, al final el Departamento del Tesoro sancionó a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela, una medida que anunció hace un año, en junio de 2020. Entonces, la UIF mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La investigación no tuvo apenas avances hasta que el reciente 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar esta investigación. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hubo entonces ni hay todavía algún pronunciamiento oficial.
Nexo real
Dos fuentes testimoniales aseguraron a los autores de la presente investigación que Leal llegó a Segalmex en 2019 por facilitación de Maximiliano Reyes Zúñiga, número dos de la cancillería mexicana. Según confirman esas fuentes, los primeros contactos se sitúan en una reunión en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, con altos funcionarios del Gobierno de Venezuela que visitaron México y que plantearon abrir una vía de comunicación institucional entre ambas administraciones. Esa reunión se produjo poco después de la visita de un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba José Adolfo Murat, exsocio de Leal, a Caracas. Entonces, de acuerdo a la documentación obtenida, se produjo una reunión con Omar Abou Nassif, hermano de un empresario cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que planteó la posibilidad de utilizar la sucursal en Chihuahua de Industrias Lácteas Asturianas (ILA, productora de la marca Reny Picot) como proveedor en México, algo que corroboran fuentes próximas a Segalmex.
En ocasión de la presente serie investigativa, de la que este reportaje forma parte, se solicitaron las versiones de Joaquín Leal y del gobierno de Venezuela. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.
El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), aunque de izquierdas, desde que llegó al poder ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto venezolano. Ciertamente evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, algo que complacía a Maduro, pero a la vez ha contribuido a sacar opositores venezolanos para darles refugio en México. Las relaciones del gobierno chavista y de la oposición venezolana con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la probable sede de una próxima negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis política y humanitaria que se ha hecho crónica en el país sudamericano. En el caso del presidente, que no se priva de opinar sobre todo tipo de asunto desde su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos, para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria si el gobierno de Caracas la requiriera: “No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”.
Para que México funcionara como uno de los vértices de un esquema subrepticio de comercio con la Venezuela chavista no era necesario que tuviera un gobierno de izquierdas. Ya en 2016, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), empresarios cercanos a Nicolás Maduro, como Alex Saab, encontraron en México a los proveedores para comprar toneladas de alimentos que viajaron a Venezuela en las cajas CLAP. En 2018, las autoridades de entonces de la Procuraduría General de México, casi en las vísperas de las elecciones que ganó López Obrador, abrieron una investigación contra ese negocio por encontrar en los embarques indicios de productos de mala calidad y sobreprecios, pero el caso se saldó con solo unas pequeñas multas a las compañías involucradas.
Pero la posible participación de un ente gubernamental y que un alto funcionario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, estuviera al tanto del esquema comercial -si no fue que la promovió-, le asignaría un nivel de compromiso sin precedentes del gobierno mexicano.
Si del vínculo con Segalmex no se han encontrado otras pruebas que confirmen la especie, no hay dudas sobre las relaciones entre Joaquín Leal, el joven emprendedor que asumió desde México las riendas del circuito para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista, y el número dos de la Cancillería mexicana, el subsecretario (viceministro) de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces en dos restaurantes de Ciudad de México antes de que se cerrase el acuerdo entre la empresa Libre Abordo y Corpovex, según han podido confirmar los reporteros con tres fuentes distintas.
Una venezolana con lealtad doble
Esas reuniones tuvieron un precedente público, en lo concerniente a nexos entre Leal y Reyes, por una columna de Carlos Loret de Mola en el diario El Universal de Ciudad de México. El influyente periodista mexicano sacó entonces a la luz una carta, fechada el 20 de junio de 2019, menos de una semana después de que se firmaron los contratos entre Libre Abordo y Corpovex, a nombre del gobierno venezolano, en la que aparece la venezolana Haymel Brito Martínez como miembro de la delegación mexicana en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que por esos días se celebraba en Medellín, Colombia. En la delegación de México, encabezada por Reyes, Haymel Brito era la única participante que no ostentaba un alto cargo diplomático. En su columna, Loret de Mola describía a Brito como “una influyente mujer en la Cancillería” mexicana y se preguntaba cómo era posible que una funcionaria diplomática que «representa a dos países» en simultáneo, México y Emiratos Árabes Unidos, pudiera haber nacido «en un tercero», Venezuela. Ante la difusión de la misiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió dejar a Brito fuera de la comitiva. Frente al menos dos solicitudes de información, la Cancillería rechazó que la mujer trabajara en la Subsecretaría de América Latina. Tampoco aparece en el directorio como empleada por honorarios de esa dependencia.
De acuerdo con su currículo, Brito Martínez ha sido representante de Fedecámaras —el principal organismo patronal en Venezuela—, analista de la Organización Internacional de Empleadores, becaria en Naciones Unidas y ha trabajado para la oficina del embajador de Emiratos Árabes Unidos en México. Fue durante esa etapa de servicio para el país árabe, a finales de 2018, cuando al menos dos fuentes sitúan el primer encuentro entre Brito y Reyes.
Durante el período de transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018, el exalcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, visitó la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en calidad de canciller designado. Le acompañaba parte de su equipo, entre los que estaban el actual subsecretario para América Latina y el Caribe, Reyes Zúñiga. Poco después Reyes y Brito empezaron a interactuar intensamente por redes sociales y viajaron juntos a diversos lugares como Panamá, Buenos Aires y Barcelona, según ha podido constatar esta investigación.
La relación personal de Haymel Brito con Joaquín Leal también es un hecho, como acreditan fotos y mensajes en redes sociales de ella junto al entorno más próximo del empresario mexicano. En julio de 2019, Brito comenzó a trabajar como directora de Relaciones Institucionales de Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, una de las empresas que fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a Libre Abordo y también parte del portafolio de Leal. La compañía se especializaba en salud y alimentación y su producto más visible era una aplicación móvil para dar asesoramiento médico. Desde su puesto en Luzy, Brito gestionó la venta de medicinas y equipo médico al gobierno de Panamá con apoyo directo de la Embajada mexicana en el país centroamericano.
El 10 de diciembre de 2019, Maximiliano Reyes Zúñiga viajó a Buenos Aires para representar a México en la toma de posesión del presidente argentino, Alberto Fernández. Según consta en los registros de transparencia, en ese viaje el subsecretario hizo una parada en Panamá para “sostener reuniones en la Embajada de México”. Ese mismo día, Brito compartió en sus redes sociales que se encontraba en Panamá. De acuerdo a los correos, durante ese viaje visitó la Embajada mexicana para dialogar sobre acuerdos comerciales entre Luzy y el Gobierno panameño. A finales de 2019, el embajador mexicano en ese país, Luis Manuel López Moreno, comenzó a reportar ante la mujer venezolana —a quien llamaba “maestra”—, los avances que realizaba en nombre de la empresa. “Nos reuniremos antes del viernes para platicar sobre la aplicación [Luzy]. En cuanto tenga un resultado le informo”, le escribió en un correo el 16 de diciembre el embajador a Brito sobre un encuentro que mantuvo con un empresario, apenas una semana después de la visita. “Muy bien, embajador”, respondió ella.
En respuesta escrita para esta investigación, la venezolana Haymel Brito asegura que su «asesoría externa» para Hábitos Luzy concluyó en 2019 «y no tenía que ver con Venezuela ni con asuntos de ese país (…) No tengo ninguna relación con ninguna institución del gobierno de México». Añade que conoció de Libre Abordo por las publicaciones del diario El País en 2020, «cuando yo ya no estaba ahí» [en Luzy].
El hombre de Reyes en Caracas
La sombra de la Secretaría de Exteriores sobre la trama del petróleo venezolano se extiende también en la Embajada mexicana en Caracas, especialmente con el hombre de confianza de Reyes en esa delegación: Rodrigo Benedith Reyes. Ambos funcionarios se conocen desde hace por lo menos una década, cuando el hoy vicecanciller era legislador en la Asamblea de Ciudad de México en 2009 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas, del que López Obrador y Morena se separaron en septiembre de 2012) y el otro era asesor del órgano legislativo. Además trabajaron juntos como directores de área en la delegación (municipio) Miguel Hidalgo de Ciudad de México entre 2012 y 2013. En septiembre de 2019, Benedith ocupaba el cargo de director de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Azcapotzalco -otro municipio metropolitano- cuando fue nombrado, sin ninguna experiencia en el sector diplomático, encargado de cooperación económica y promoción de la representación mexicana en Venezuela. Su nombre aparece en los correos del círculo de Leal, quienes además se jactaban de tener “contactos en Embajadas y consulados”.
En un correo enviado por el propio Joaquín Leal a su equipo el 12 septiembre de 2019, cuando el funcionario apenas llegaba al cargo, el empresario pide que envíen a Benedith unas tarjetas y un contrato.
El nombre del funcionario mexicano está presente también en otras comunicaciones. Como en una del 1 de abril de 2020, en la que la directora de Libre Abordo, Olga María Zepeda Esparza, escribe un correo a la Embajada mexicana en Caracas informando de sus acuerdos con PDVSA. “Queremos compartirle algo de contexto relacionado a nuestra labor como empresa mexicana que provee ayuda humanitaria en Venezuela a cambio de petróleo”, dice el mensaje, dirigido a Benedith Reyes.
Para esta investigación los reporteros enviaron un cuestionario pormenorizado a Maximiliano Reyes Zúñiga con diez preguntas sobre cada uno de estos asuntos específicos. El subsecretario accedió a contestar pero con una declaración general de nueve párrafos sobre las atribuciones y objetivos de su dependencia, sin confirmar o negar nada.
“Como subsecretario para América Latina y El Caribe mi responsabilidad es estar en permanente contacto con todos los gobiernos de la región, en base a los criterios fijados por la Constitución mexicana, que siempre han sido manifestados públicamente. Nuestro principio es el máximo respeto a la soberanía de cada país, y en la medida de lo posible, siempre estamos con disposición de cooperar y colaborar en lo social, económico, cultural, humanitario y comercial. Y en este sentido, no hacemos excepciones con ningún gobierno ni nos sometemos a la política exterior de ningún país”, asegura Reyes en su respuesta, quien alega que trabaja “a favor de un sólido y fluido diálogo con el sector privado para mejorar la dinámica económica y comercial de nuestro país en la región”.
En este sentido, Reyes asegura que para su subsecretaría (viceministerio) “es fundamental apoyar a toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria, partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región en base a un principio fundamental: ganar-ganar-ganar (Gana México, gana el país en cuestión, gana el empresario). Y en ese sentido, tenemos relaciones productivas con muchísimas empresas mexicanas y extranjeras que afortunadamente nos ven como aliados para facilitarles su expansión, de la misma manera que lo hacen otros gobiernos con sus empresas”. Sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Libre Abordo y Leal, Reyes responde: “Nuestra línea es pública: jamás estaremos de acuerdo en resolver nada por la vía de la fuerza ni la coerción, ni mediante sanciones. Es público y notorio nuestra posición. Siempre hemos votado de la misma manera en los organismos internacionales”.
Finalmente, acerca de su conocimiento de Joaquín Leal, afirma que «ubica» al empresario junto «con un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros del sector energético con quienes no tengo contacto desde hace varios meses, antes de que se hicieran públicas las sanciones. Mis pláticas con ellos consistieron en lo mismo que con muchos otros entornos económicos y comerciales».
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