Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detuvieron el viernes 18 de junio a la dirigente chavista Lisbeth Soto, miembro del colectivo popular Fabricio Ojeda, luego de que denunció las presuntas mafias de la gasolina en Barquisimeto, estado Lara.
La red internacional La Izquierda Diario publicó en su página digital que por hacer públicas las irregularidades en la estación de servicio San Luis, ubicada al lado del centro comercial Sambil, sujetos la secuestraron en un vehículo Arauca, sin placas, de color azul.
Horas después, apareció en el comando 121 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en el sector La Montañita, municipio Palavecino.
Soto denunció atropellos de quienes dirigen la distribución de la gasolina y organizan colas paralelas que privilegian solo a algunas personas.
El medio aseguró que durante el presunto secuestro de la dirigente, los sujetos, quienes nunca se identificaron como funcionarios, amenazaron al hijo menor de edad y lo dejaron en el sitio sin ningún tipo de protección.
«Nunca dijeron el motivo de la detención, nunca dijeron hacia dónde la iban a trasladar; todas estas características hicieron suponer que se trataba de un secuestro ejecutado por las mafias gasolineras, al parecer con grandes conexiones en la GNB», señaló.
En la sede militar, los uniformados comunicaron a los familiares que Soto estaba detenida porque, según, había una denuncia y testigos que la acusaron de presuntamente vender cupos para repostar gasolina, en complicidad con otras dos personas.
«La denuncia de la detención de Lisbeth Soto en Barquisimeto tiene suficiente gravedad para ser investigada por el Ministerio Público. Los derechos humanos son de todos», manifestó sobre el caso Ramón Guillermo Aveledo, excoordinador de la extinta Mesa de la Unidad Democrática.
La detención también la denunció el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela, seccional Lara.
Nos solidarizamos con la compañera. Le violaron sus derechos humanos por la detención arbitraria y la violación del debido proceso y el derecho a la defensa. Garantías constitucionales que no respetaron los agentes represivos del Estado para proteger a la corrupción y el tráfico de gasolina», dijo la organización política.
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