La crisis generada en Apure, luego del conflicto agudizado el 21 de marzo, puso a la Fuerza Armada Nacional (FAN) bajo el escrutinio público, y para el Frente Institucional Militar (FIM), la organización castrense resultó reprobada y por eso llama a la ciudadanía a exigir la destitución de sus mandos y que sean sometidos a juicio.
Cuestionan que el Alto Mando no tenga «la suficiente hidalguía» para renunciar a sus puestos de forma voluntaria. El FIM explicó, en un comunicado, que su solicitud se basa en la convicción de que los mandos de la FAN renunciaron «al sagrado deber de defender y mantener la soberanía del país sobre un territorio, indudablemente parte indiscutible del ámbito geográfico nacional, y por su supina ignorancia de la responsabilidad y funciones del comandante cuando empeña a su unidad en acciones de combate».
El FIM, integrado por más de 200 militares retirados y presidido por el vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier, asume como un deber insistir en «el trillado tema de la vergonzosa rendición de la FAN ante un reducido grupo de facinerosos a quienes una cúpula del organismo de defensa, eunucos en el arte de las operaciones militares, entregaron una importante porción del territorio nacional luego de una humillante rendición».
Asimismo, para el Frente Institucional Militar, la actuación castrense en Apure, que ha estado signada por la opacidad, está plagada de muchos vicios e inconsistencias con los principios del arte de la guerra que son los más adecuados para que la acción: «Sea en guerras regulares, asimétricas, irregulares, y tenga altas probabilidades de producir éxito y victoria sobre el enemigo».
Retiro y entrega en Apure
Para el FIM es inconcebible y condenable e de acuerdo con la razón de ser de una Fuerza Armada, «que sin el empleo de las potencialidades y recursos de los que tanto hace gala, se retire y entregue una importante porción del territorio nacional a delincuentes extranjeros, permitiéndoles que lo ocupen victoriosos y ufanos del éxito de sus acciones».
En ese sentido, el Frente Institucional Militar puntualizó que «debido a la desastrosa planificación y reprobable ejecución de las operaciones», estaba secuestrado por los forajidos un grupo de soldados y oficiales a quienes había que rescatar. Añadió que esta es la obligación de un Ejército en operaciones de combate.
Sin embargo, los militares retirados advirtieron que el rescate de los ocho efectivos debió convertirse en una importante misión adicional a la del combate, asignada a efectivos con habilidades especiales y con el objetivo claramente determinado de recuperarlos en buen estado físico.
«Pero. no mediante una rendición incondicional que afecta la moral y dignidad de los integrantes de esa institución y lo que es peor, e inaceptable, mediante la entrega del territorio cuya guardia y custodia justifica la existencia de esa Fuerza Armada», destacó el FIM.
El general Padrino López expresó, a principios de junio, que «no fue un capricho de la FAN o una ligereza, ir al combate y cortar definitivamente las actividades de delito trasnacional en la frontera, sino que es un mandato constitucional y exigencia del pueblo venezolano».
Por otra parte, el director de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció, este miércoles 9 de junio, que los familiares de los e los militares desaparecidos Danny Vásquez, sargento mayo de tercera, y Abraham Belisario, sargento primero, están siendo amenazadas para que guarden silencio ante este caso.
Tarazona recordó que FundaRedes denunció, la semana pasada, las desapariciones de Vásquez y Belisario, así como de tercer militar que no formaba parte de los comandos especiales, pero que estuvo en el procedimiento del 23 de abril, en el sector La Capilla.
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