Nicolás Maduro y el entonces ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, constituyeron a mediados de 2019 una telaraña de sociedades en el extranjero para eludir el boicot y las sanciones de Washington. Estos documentos demuestran las operaciones triangulares para sortear el embargo decretado por Donald Trump.
El presidente de Venezuela y la petrolera PDVSA se sirvieron de una amplia red clientelar, en la que destacaban un despacho internacional de abogados con la sede central en Estados Unidos y la empresa tailandesa Tipco. A través de esa plataforma, la empresa pública de hidrocarburos podía desviar decenas de millones de euros sin el control estadounidense, como se aprecia en los documentos en poder de este diario.
La dictadura chavista se enfrentaba, desde que Donald Trump firmó en agosto de 2019 una orden ejecutiva, a unas duras sanciones de la Casa Blanca por las que se embargaban todos los bienes e intereses de Venezuela en EEUU. El decreto estaba justificado por la usurpación del poder de Maduro frente al jefe de la oposición Juan Guaidó, a quien Washington apoyaba como presidente legítimo, y por los reiterados ataques del régimen chavista a la libertad de expresión y los derechos humanos.
Estados Unidos ya había adoptado con anterioridad medidas sancionadoras contra un centenar de altos cargos y empresas venezolanas en las que se encontraba PDVSA, que sólo producía unos 400.000 barriles diarios, en los mismos niveles de los años 30.
La cifra era ridícula y alarmante si se tenía en cuenta que PDVSA llegó a extraer en la década de los 90 más de tres millones de barriles diarios y era la segunda petrolera más importante del mundo, sólo por detrás de la saudí Aramco, pero por encima de grandes multinacionales como ExxonMobil, BP o Shell.
Para sortear el nubarrón económico, Maduro dio plenos poderes a su hombre de confianza Tareck El Aissami. El ex vicepresidente del Gobierno y uno de los pilares del chavismo fue nombrado en abril de 2020 ministro de Petróleo con plenos poderes. Nicolás Maduro le encargó la misión de reflotar la joya de la corona -PDVSA- y de urdir la maquinaria para sortear el embargo internacional de Estados Unidos utilizando a terceros. El Gobierno de Maduro había situado la inflación del país en el 1.000.000% y llevado la pobreza al 51% de los hogares.
La sociedad Tipco, con sede social en Bangkok, que se dedica a la producción de asfalto, era uno de los clientes más importantes de Caracas. La firma, que cotiza en el mercado tailandés, factura al año más de 1.200 millones de dólares. Por todo ello, presentaba el perfil ideal para convertirse en uno de los agentes de las operaciones triangulares ideadas por Tareck El Aissami para sortear el boicot estadounidense.
La maquinaria triangular
El procedimiento diseñado por el Gobierno de Maduro era el siguiente: Tipco pagaba las deudas de PDVSA a clientes y proveedores internacionales y después lo descontaba de su cartera de negocios. A cambio, los tailandeses percibían un incentivo en la bajada del precio. De esa manera, la sociedad Tipco se convertía en una especie de banco, en sustitución de las verdaderas entidades crediticias que se negaban a trabajar con Maduro por la presión del Departamento de Estado norteamericano. Siguiendo ese procedimiento, Caracas logró saldar, entre otras, la deuda de 10 millones de euros con una empresa rusa que había vendido una flota de camiones al Estado venezolano de Aragua, cuando su gobernador era Tareck El Aissami, el cerebro del plan.
Ese tipo de maniobra se refleja en una de las operaciones en la que participan PDVSA, Tipco y un despacho internacional de abogados. Los documentos en poder de OKDIARIO constatan que el vicepresidente de Comercio y Suministro de la petrolera venezolana, Antonio Pérez Suárez, solicitó a Tipco, el 6 de marzo de 2020, la transferencia al bufete de letrados de la cantidad de 500.486,48 euros.
Tres días después, los tailandeses realizaron la operación bancaria a través del Akbank TAS de Estambul desde el Siam Commercial Bank de Bangkok. La cifra transferida coincide con la orden de pago de los venezolanos en poder de este periódico: 500.486,48 euros.
Las operaciones triangulares utilizando a Tipco se repitieron en varias ocasiones. OKDIARIO dispone de datos de otros dos movimientos en 2020 que ascienden a 1.061.762,69 euros y 976.333 euros.
Tipco obtenía a cambio un trato especial por parte de Tareck. PDVSA le ofrecía un descuento por barril de 25 dólares (20,45 euros) cuando el precio de la unidad estaba en 40 dólares (32,73 euros). Si el compromiso entre PDVSA y Tipco fue consumado al cien por cien con la compra de los barriles acordados, el beneficio habría sido muy suculento: unos 15 millones de euros. Ante esas cifras valía la pena el riesgo de incomodar a las autoridades estadounidenses. Los tailandeses, según sus propios datos de la memoria económica de la compañía, llegaron a contratar con PDVSA la compra de casi 30.000 barriles diarios.
Según las investigaciones y los documentos en poder de OKDIARIO, Tipco, que estaba participada en un 32% por la francesa Collas, transfirió decenas de millones de dólares desde su cuenta en el Siam Commercial Bank de Bangkok a clientes de la empresa petrolera de Venezuela para completar las operaciones triangulares.
La propia Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el lobby internacional que Venezuela y otros países árabes fundaron en 1960, recibió de Tipco 2,3 millones de dólares (1,88 millones de euros.).
La empresa tailandesa fue amonestada por primera vez por la Embajada de EEUU en Bangkok a finales de 2019, cuando Donald Trump era aún el inquilino de la Casa Blanca. Posteriormente, ante las presiones de Washington, Tipco optó por romper el acuerdo secreto con Caracas.
En busca y captura
La designación del ex vicepresidente y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, miembro de una familia de ascendencia siria arraigada en Venezuela, suponía otro desaire para Estados Unidos. Su nombre y su rostro aparecían en los carteles de «busca y captura» de las agencias federales americanas como unos de los capos del narcotráfico venezolano. El hombre de confianza de Maduro no podía abandonar las fronteras de Venezuela bajo riesgo de ser detenido por funcionarios de Interpol en cualquiera de los 194 países pertenecientes a la organización policial.
El Aissami figuraba desde 2017 en la lista de la Oficina para el Control de Activos extranjeros (OFAC) por su vinculación con las redes del narcotráfico. El ex vicepresidente venezolano, con quien negociaban las empresas internacionales para sortear el embargo, era uno de los integrantes de la conocida como lista Clinton, que recoge a las personas y organizaciones sospechosas de haberse lucrado con el dinero del narcotráfico.
Además, el responsable de la industria petrolera venezolana, a quien ya conocen sus funcionarios como Terminator, fue acusado por el fiscal de Nueva York, Robert M. Morgenthau, de facilitar pasaportes venezolanos a miembros de Hamas y Hezbollah cuando era el jefe de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) de Venezuela
Cuando Maduro y su ministro Tareck pusieron en marcha el plan de salvación, el régimen bolivariano acumulaba unos impagos de 1.800 millones de dólares (1.473 millones de euros) ante los acreedores que habían comprado parte de la deuda del Tesoro de Venezuela. Uno de esos contrayentes reclamaba ante los tribunales la devolución de 140 millones de uno de los bonos. La bancarrota de la economía del país bolivariano se agravaba con el embargo de Trump. La deuda pública se calculaba en 140.000 millones de dólares (114.571 millones de euros).
Tareck trapicheó todo lo que pudo en la empresa pública de petróleo PDVSA, la primera fuente de riqueza del país, pero no pudo aumentar la producción, cuyo desplome situaba el número de barriles diarios a cifras de la década de los años 20. Las reservas de petróleo de Venezuela -la primera del mundo- corre el riesgo de agonizar de manera silenciosa. Ya en 2017, PDVSA entró en una situación de suspensión de pagos.
Entre tanto, Tareck El Aissami, el hombre fuerte de Maduro, justificaba el descalabro de la empresa estatal con argumentos de los que el chavismo era el único responsable: «La culpa la tienen los delincuentes que lograron infiltrarse en la industria petrolera venezolana».
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