Luis Cárdenas, quien para agosto de 2019 era gerente de Auditoría Nacional de Negocios Internacionales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), nunca pensó que la conversación con sus compañeros de trabajo sobre la situación del país, un año y medio antes, lo llevaría a convertirse en un preso político. Cárdenas pasó gran parte de los 21 meses que lleva detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pero el 30 de abril fue trasladado a la cárcel de Yare II.
El traslado se hizo, al igual que el de otros detenidos, antes de que saliera publicado el Decreto N° 4.610, en la Gaceta Oficial número 42.125. En este decreto, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a la Dgcim y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir al Ministerio de Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de los presos que tienen en su poder en un plazo de 30 días, que comenzaron a contarse el pasado 12 de mayo.
Yohanna Jiménez, esposa de Luis Cárdenas, relató al diario Tal Cual que una compañera del exgerente grabó sus afirmaciones sobre el gobierno de Maduro en 2018. Su esposo no imaginó el destino de unos audios que surgieron de forma jocosa y fueron a parar a la Dirección de Seguridad de Pdvsa La Campiña, primero, y luego a la Dgcim.
Para el momento de su detención, el 23 de agosto de 2019, hacía un mes que se había formalizado el nombramiento de Cárdenas como gerente de Auditoría Nacional de Negocios Internacionales de Pdvsa tras 15 años en la empresa estatal.
La orden de aprehensión se basó en la presunción de los delitos de promoción al odio agravado, instigación al odio, y traición a la Patria. Para Jiménez, su esposo fue blanco de una emboscada por cuanto antes de darle la titularidad del cargo, estuvo ocho meses como gerente interino y su desempeño no fue objetado. De allí la sorpresa tras su detención.
«A él lo investigaron antes de darle el cargo gerencial, después de él venía la directora y luego el presidente de Pdvsa. No hay razones para su detención arbitraria y todo lo que ha venido después con atropellos y violaciones al debido proceso, al derecho de la propiedad privada y el derecho a la salud», subraya.
Narra que la detención ocurrió en su lugar de trabajo y que luego se hizo el allanamiento a su vivienda principal, en La Urbina, sin ninguna orden judicial. La esposa de Cárdenas denuncia que, pese a que había constancia de que los 7 mil dólares que tenía el funcionario en su casa era unos viáticos para un viaje al exterior como parte de sus funciones en Pdvsa y que realizaría el 24 de agosto de 2019 (al día siguiente de su detención), ese dinero, más 3.000 dólares que eran parte de los ahorros familiares, sirvieron para que fuera acusado de legitimación de capitales.
Pero ese no fue el único delito del que fue acusado en la audiencia de presentación, ante el Tribunal 2do de Control del Área metropolitana de Caracas, del 26 de agosto de 2019.
Al exgerente de Pdvsa se le imputaron también los delitos de promoción al odio agravado, posesión ilícita de armas de fuego (en el maletero de su residencia encontraron un arma nueva que, según su esposa, era de un amigo) y ocultamiento de municiones, así como contrabando simple (en el allanamiento se llevaron unos cauchos que su esposa tenía para la venta) y reventa de productos (de acuerdo con el testimonio de Yohanna Jiménez, un delito también injustificado porque tenía un mercado para el consumo familiar).
Finalmente, el Ministerio Público desestimó los delitos de traición a la patria e instigación al odio, pero dejó el resto de la acusación.
Sin audiencia preliminar
En el caso del exgerente Luis Cárdenas aún no se ha realizado la audiencia preliminar. Tiene un año esperando por esta audiencia y que el proceso siga su curso. Su esposa destaca que este paso es fundamental para que el trabajador petrolero pueda demostrar que es inocente.
«La última audiencia preliminar fue asignada por el juez Yovanni Chávez Vivas para el 13 de abril de 2020, pero no se pudo realizar producto de la pandemia. El juez no ha dado respuesta en todas las solicitudes que hacemos semana tras semana. Lo único que el juez consideró fueron las diligencias de salud que le hicimos resonancia magnética porque padece de una enfermedad degenerativa en la columna», señala Yohanna Jiménez.
La esposa de Luis Cárdenas agrega que en medio del covid-19, cambiaron muchas logísticas y ahora todo está centralizado en el Poder Judicial.
Insiste en que el caso de su esposo se vulnera también el derecho a la salud porque la condición del exgerente de Pdvsa, actualmente de 49 años, se ha agravado dado el tiempo que le tocó dormir en una plancha de cemento en la Dgcim. Desde que llegó módulo IV de Yare II duerme en el piso porque en la parte donde está, no hay cama disponible.
Cárdenas sufre de discopatía degenerativa lumbar, padece de hernias discales (L4, L5 y S1) desde hace 9 años, trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno del sueño y Síndrome del desacondicionamiento físico. En Yare, refiere Jiménez, debe cargar agua para llevar hasta su celda, cuando su situación de salud no le permite tomar peso.
La esposa del exgerente subraya que urge una medida humanitaria para Luis Cárdenas. Cuenta que las visitas en Yare II son una vez a la semana y durante la semana de flexibilización.
Por otra parte, Yohanna Jiménez señala que en la Dgcim Luis Cárdenas fue sometido a tortura psicológica.
«En la Dgcim mi esposo sufrió una tortura psicológica muy fuerte porque, en las últimas semanas, estuvo en La Casa de los Sueños. Es una habitación extremadamente pequeña, es para dos personas y mi esposo fue el tercero, entonces le tocó dormir en el piso y no tienen baño», refiere.
Asimismo, Jiménez cuenta el impacto que ha tenido sobre la familia la detención arbitraria de su esposo. Esta situación se ha irradiado hacia su hija de siete años, quien está siendo tratada por un psicólogo. Afirma que la pequeña ha visto a su papá solo dos veces durante su reclusión.
El número de trabajadores de Pdvsa detenidos durante el gobierno Nicolás Maduro se ha incrementado desde 2017. Según cifras del Foro Penal y el registro de TalCual, hay unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes de las nóminas menores y representantes sindicales.
Sin embargo, según la ONG, solo 17 de estos trabajadores son calificados como presos políticos.
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