Julia, una venezolana de 64 años que sufre de hipertensión arterial, prefirió pagar 20 dólares por una vacuna clandestina contra la COVID-19 antes que esperar, pues posiblemente pasen semanas o meses hasta que llegue su turno en el plan de inmunización de Nicolás Maduro, un caso que se repite cada vez más, en un país donde crece el mercado negro de vacunas.
Lo que llama la atención es que ella recibió la vacuna hace pocos días en un Centro de Diagnóstico Integral, en el oriente del país. Si, un CDI, donde una enfermera había atendido a su esposo. La profesional de la salud le ayudó a conseguir “la cita”.
“Sentía que, si no lo hacía, no iba a llegar a vacunarme tan pronto”, admite, en entrevista para la Voz de América. “Me sentí con miedo de contagiarme y complicarme. Por eso, cuando se dio esa opción, inmediatamente dije que sí”, argumenta.
Julia asegura que conoce a venezolanos que han pagado hasta 200 dólares por una vacuna. En Venezuela ya hay un mercado clandestino que hoy se camufla en las instituciones de los servicios de salud públicos.
Según voceros de academias y gremios sanitarios, en Venezuela solo se ha vacunado a menos 1% de la población. Alertan que hay opacidad en las cifras que da Maduro, mientras este atribuye el retraso al “bloqueo económico” de parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Las cuentas de la oposición hablan de la llegada de menos 1.400.000 dosis. Apenas el fin de semana Maduro anunció el arribo de 1.300.000 medicamentos.
La Academia Nacional de Medicina insiste en que la meta de vacunación «inmediata» en el país es de 15 millones de personas. Esto equivale a 70 por ciento de la población adulta.
Venezuela experimenta un pico de la enfermedad, entretanto. Voceros del poder ejecutivo de Maduro reportan un promedio de 2.000 contagios diarios en todo el país. Mientras expertos advierten de un subregistro de casos positivos por COVID-19 debido a la falta de pruebas diagnósticas.
El desespero
Y, en ese contexto, nace el “desespero” de la gente por obtener su vacuna mediante prácticas ilegales e inseguras, advierte Huníades Urbina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
“Es motivado a la falta de transparencia del ministerio de Salud sobre un plan de vacunación. Hay mucha angustia y desespero, y empieza a producirse ese mercado negro típico en situaciones de esta naturaleza”, afirma.
El doctor Urbina alerta sobre la posibilidad de que, primero, las vacunas sean extraídas de la custodia de l ministerio de Salud de Maduro. Luego que no hayan mantenido la cadena de frío para su preservación; o que, finalmente, no se trate siquiera de una dosis para inmunización, sino de una solución acuosa cualquiera que no proteja.
En marzo, el poder judicial notificó el arresto de cuatro venezolanos por la reventa de vacunas contra la COVID-19 por 280 dólares en una página web. Según la nota oficial, los detenidos tenían en su vivienda frascos de otras sustancias químicas, como tramadol, meropenem y bromuro de rocuronio.
Ese mercado clandestino no es exclusivo de Venezuela, pues se han conocido denuncias similares en países como México y Perú, dice Urbina. “Los donantes de dinero y vacunas entran en desconfianza al saber estas noticias, que afectan la imagen de Venezuela en el extranjero”, señala en referencia a sus consecuencias.
Un doctor venezolano con 30 años de experiencia, quien pidió reservar su identidad, denunció que algunos colegas cobran entre 200 y 300 dólares por incluir a conocidos en jornadas de vacunación dentro de hospitales públicos de Maracaibo, una de las ciudades más pobladas de Venezuela.
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