Ayer domingo se cumplió un mes del secuestro de ocho militares venezolanos a manos de grupos irregulares armados colombianos, según reconoció el pasado fin de semana el Gobierno de Nicolás Maduro, tras guardar silencio sobre el hecho durante más de 20 días.
La noticia del secuestro, que se produjo el 23 de abril, fue dada a conocer por la ONG Fundaredes una semana antes de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmara la captura y manifestara que el Ejecutivo trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar las «condiciones necesarias» que ayuden a la liberación.
Desde entonces, ningún funcionario del Gobierno de Venezuela se volvió a pronunciar sobre los rehenes ni el avance de las gestiones para que los militares sean liberados.
Los secuestros se efectuaron en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, en el marco de los combates, que comenzaron el 21 de marzo, entre la Fuerza Armada venezolana y un grupo irregular, identificado por diversas organizaciones como disidentes de las FARC.
La confirmación por parte de Padrino López llegó en medio de numerosas críticas de la oposición y diversos sectores sociales al Ejecutivo por su silencio sobre la captura de los militares.
El reconocimiento del secuestro de los uniformados por parte del ministro se dio, únicamente, mediante la lectura de un comunicado a través del canal de televisión pública VTV.
La oposición que lidera Juan Guaidó solicitó este sábado, a través de Twitter, apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para liberar a los militares secuestrados, en un mensaje acompañado de un vídeo grabado, supuestamente, el 16 de mayo y cuya autoría no fue revelada.
En las imágenes, uno de los rehenes, acompañado de los siete restantes, lee un comunicado dirigido al «pueblo bolivariano, al Gobierno nacional, a la Cruz Roja Internacional y a las FARC» y pide que se agilicen las gestiones para que su liberación sea «pronta y rápida».
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