La ONG Provea, junto al equipo de monitoreo de violencia policial y militar (Lupa por la Vida) y el Centro Gumilla, elaboraron un estudio en el que determinaron que durante el primer trimestre de 2021 se registraron 472 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
De acuerdo a la medición realizada, se determinó que el mes de enero fue el más violento durante el periodo señalado con 228 casos; mientras que en febrero se contabilizaron 113 casos y en marzo elevó un poco el número a 131; donde el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo policial que registró más muertes con 65 ejecuciones extrajudiciales, un 13,77% y solo 45 de estas acciones en enero.
Por otro lado, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) realizó 56 de estas ejecuciones durante los primeros tres meses del año, a pesar de ser catalogado como el cuerpo «más letal» de Venezuela al sumar solo en 2020 alrededor de 500 muertes de este tipo de las 2.853 que se contabilizaron.
Las policías regionales son las que ocupan el segundo lugar de mayor letalidad al contabilizar 187 víctimas, pero con más casos en su conjunto.
PoliZulia y PoliCarabobo son las más peligrosas en ese sentido al sumar entre ambas 105 ejecuciones extrajudiciales, un 54,14% de las actuaciones de las policías, mientras que se mantiene el patrón de la población joven -entre los 18 y 30 años- como el principal blanco de los cuerpos policiales.
Situaciones que ocurrieron durante el primer trimestre del año 2021 como lo ocurrido en La Vega (los enfrentamientos entre los cuerpos policiales y las bandas delincuenciales de El Coqui y El Vampi) y el conflicto armado que se registró en Apure desde el 21 de marzo, fueron calificados como «emblemáticos» para poder realizar el estudio y evaluar el comportamiento de organismos de seguridad en el marco de procedimientos especiales.
El gobierno interino liderado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, entregó a principios de mayo el informe Anual 2020 sobre la Venezuela situación de Derechos Humanos a la Organización de Estados Americanos (OEA), para posteriormente ser remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de las pruebas para la investigación que se lleva en tercera fase contra el gobierno de Maduro por supuestas violaciones a derechos fundamentales.
Se pudo conocer que la comisión documentó 232 detenciones arbitrarias, confirmó estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas.
El documento señala que los casos identificados se suman a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet.
En el informe se señaló que 69% de las detenciones en casos de trabajadores de la prensa fueron detenciones clandestinas. Mientras que solo 31 % fueron acompañadas de procesos judiciales.
Recientemente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseveró que el problema de DDHH humanos en Venezuela ha ido «desapareciendo» de forma paulatina y resaltó que estuvo trabajando para lograr que una oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH se instalara en nuestro país con el fin de que monitoreara de cerca la situación; declaración que fue criticada ampliamente por sectores opositores.
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