Las ONG Provea y Laboratorio de Paz denunciaron este miércoles las detenciones “arbitrarias” de, al menos, 628 personas desde el comienzo de la pandemia por covid-19 -marzo de 2020- hasta enero de 2021, por ejercer “su derecho a la manifestación”.
“Las detenciones arbitrarias (fueron) tanto a líderes de la sociedad civil como a ciudadanos que han ejercido su derecho a la manifestación a partir del inicio del estado de alarma en Venezuela (…) así como violaciones del derecho a la vida en el contexto de protestas en el país”, destacan las organizaciones en un comunicado.
Según las ONG, unas 60 mujeres fueron “víctimas de estas detenciones arbitrarias”, es decir, un 22 % del total, y los 568 restantes -78 %- fueron hombres.
Las organizaciones precisaron que la mayoría de estas detenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial que la alta comisionada de para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recomendó disolver y al que atribuye numerosas ejecuciones extrajudiciales.
Las regiones con mayor número de detenciones fueron Zulia, con 84 casos; Yaracuy, con 80, y Nueva Esparta, donde se registraron 62 capturas, mientras que el resto se repartieron por los demás estados del país.
Durante el año 2020, mientras en Venezuela regía el estado de alarma, que todavía sigue vigente, en diversos estados se realizaron protestas y manifestaciones por la escasez de agua, de combustible, o por cortes de varios días de duración del suministro eléctrico, entre otros.
En el contexto de las protestas fue donde mayor número de capturas se realizaron, tanto de manifestantes, como de miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos, activistas de diversas causas y periodistas.
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