Para un sector de la población, las dificultades para acceder al diagnóstico y tratamiento de VIH se ha convertido en una de las motivaciones para salir de Venezuela, revela un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que evaluó la situación de la salud física y mental de personas migrantes y refugiadas venezolanas en relación con su orientación sexual o identidad de género.
Al respecto, Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA y entrevistado para el desarrollo de la investigación, explica que en Venezuela la asistencia a pacientes con el virus ha disminuido dramáticamente.
“Desde el año 2016, el gobierno venezolano no compra tratamientos antiretrovirales, ni ha procurado recursos para adquirirlos. Una situación sumamente grave que ha impactado en la calidad de vida de pacientes, del aumento de muertes, de personas que se quedaron sin tratamiento antiretroviral”, manifestó.
Acción Ciudadana contra el SIDA estima que entre 8.000 y 10.000 personas que viven con VIH han abandonado Venezuela, pero, según el informe, en los países receptores también surgen obstáculos para acceder al sistema de salud.
“En algunos países las personas con VIH pueden enfrentar dificultades para acceder al sistema de salud debido a un excesivo formalismo en el manejo de los protocolos de atención general y en lo que se refiere a personas que viven con VIH en particular. Además, se observa discriminación en razón de la nacionalidad o de la condición migratoria”, destaca el texto.
Frank Rangel, miembro de la organización Caribe Afirmativo en Colombia, relata que una persona migrante que llega a un hospital solicitando “ayuda médica” es atendido, pero con un trato no amable al identificar que la persona es ciudadana o ciudadano venezolano. “Usan la no regularidad para negar acceso a los servicios”.
Si bien en los países receptores de población venezolana existen políticas públicas para atender a personas que viven con VIH, así como normas que garantizan la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, “no existen suficientes protocolos diferenciados orientados a dar respuesta a las necesidades específicas de la población LGBTI migrante y refugiada”, detalla el informe.
La investigación concluye que “la discriminación y la violencia son mayores hacia las personas LGBTI en situación de movilidad, con respecto a la población local” y añade que las expresiones de discriminación y violencia se manifiestan durante el trayecto y en el país de destino, “siendo los funcionarios policiales militares y migratorios, así como los grupos armados irregulares los principales agentes de vulneración de derechos”.
Según ACNUR, más de 5 millones 400.000 venezolanos han salido del país huyendo de “la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.
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