Un grupo armado de la zona minera El Callao, en el estado Bolívar, secuestró al comerciante y exconstituyentista Wilhem Torrellas y decapitó a su escolta, de acuerdo con un reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) difundido este martes, 30 de marzo.
Torrellas y su escolta, quien era un funcionario de la policía regional, identificado como Herney Alirio Ruiz, transitaban en una camioneta por El Callao cuando fueron interceptados y llevados hasta una zona montañosa el sábado 27 de marzo. El vehículo fue abandonado en un sector minero de El Perú, la zona donde opera la banda de alias Toto y Zacarías.
La versión de la policía científica señaló que el guardaespaldas del exconstituyentista fue asesinado y decapitado para presionar por el pago del rescate, pero el político logró escapar la madrugada del domingo 28 de marzo. Funcionarios todavía no han localizado el cuerpo del escolta.
El reporte detalló que los captores le pedían al político 15 kilogramos de oro por su liberación (el equivalente a 600.000 dólares) y lo acusaban de ser un informante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Fuentes policiales informaron a El Pitazo que sí hubo un pago por la liberación, aunque no hay precisión de la cantidad. También revelaron que fue cedido un terreno para trabajar en la minería.
Luego de la liberación de Torrellas, una comisión mixta con funcionarios de varios cuerpos de seguridad llegó al molino Victoria en el sector El Perú, lugar en donde ocurrió el secuestro, y encontraron la camioneta del comerciante. Al abrir la puerta del piloto se activó una granada que estaba amarrada con una trenza y cayó al asfalto.
Por la explosión resultaron heridos cuatro militares: Mario Abreu, Larry Romero, Esleider Gómez y Larkin Ferrer, quienes están en condición estable y fueron trasladados a un centro de salud de Puerto Ordaz.
Torrellas es ingeniero, vicepresidente de la Cámara de Comercio del municipio Roscio y encargado de un consorcio minero. Vecinos del sector explicaron a El Pitazo que actualmente hay disputa entre los grupos armados y las empresas mineras por el control de los yacimientos auríferos. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.
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