En las últimas 24 horas ingresaron al territorio colombiano otros 500 desplazado que huyen del conflicto armado que se desarrolla en La Victoria, estado Apure entre un grupo de desertores de las FARC y la Fuerza Armada de Venezuela.
Según el más reciente balance suministrado por las autoridades colombianas, ya albergan a 4.501 personas en la localidad de Arauquita, entre ellos, 2.797 son de nacionalidad venezolana, refiere NT24.
El total de 1.127 fueron dispuestas en campamentos distribuidos por el Gobierno de Colombia y ACNUR.
- Lactantes: 119
- Gestantes: 17
- Adultos mayores: 213
- Niños mayores de 5 años: 1.201
- Niños menores de 5 años: 578
- Mujeres 1.164
- Hombres: 1201
Desde el pasado domingo, cuando la FAN atacó a grupos guerrilleros en Apure, 4.501 desplazados han cruzado la frontera rumbo a Colombia y se encuentran refugiados en la localidad de Arauquita. Según reportes de inteligencia colombianos, el conflicto se genera luego que a comienzos de marzo, en territorio venezolano se realizó una cumbre entre los jefes de dos de las disidencias de las Farc, en la cual habría quedado sellada la ruptura entre esos dos grupos, que pasaron de ser posibles aliados a ser enemigos a muerte
Bachelet recibió testimonios de víctimas
La abogada Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y defensora de los derechos humanos, aseguró este sábado 27 de marzo que decenas de testimonios de venezolanos víctimas de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Apure y de abusos cometidos por castrenses y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron entregados a los representantes en Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Michelle Bachelet.
«Los testimonios están donde tienen que estar: en manos de las autoridades internacionales, entre ellas la oficina de la señora Bachelet y otros organismos. Levantamos expedientes por violaciones a derechos humanos que fueron remitidos a autoridades internacionales. Tenemos decenas de testimonios de mucha gente de La Victoria, estado Apure. No estamos pidiendo nada diferente a justicia, a una investigación imparcial», dijo Solórzano en un live transmitido en su cuenta oficial de Instagram la tarde de este 27 de marzo.
En la transmisión participó Emir Remolina, uno de los venezolanos desplazados que se encuentra actualmente en Colombia y a quien le asesinaron a sus padres, su hermano y a su tío. «Cuando llegaron los del Conas y las FAES fue cuando empezó la gente a desaparecer, fue cuando mataron a mis padres. No entiendo por qué se metieron con ellos, todo el mundo sabe que son gente inocente, que no tiene nada que ver. Tampoco mi hermano ni mi tío», dijo Remolina durante el live.
Acusan a la FAN y el FAES
De acuerdo con el diario El Tiempo, los grandes perdedores de los enfrentamientos que iniciaron el pasado domingo en La Victoria, estado Apure –fronterizo con el departamento colombiano de Arauca– son las familias colombo venezolanas que habitan en este sector.
El último censo realizado por Migración Colombia y la Alcaldía de Arauquita (Arauca) arrojó un total de 3.982 personas de nacionalidad venezolana, quienes llegaron huyendo de los combates entre los frentes 10 y 28-Domingo Laín Sáenz de las disidencias de las extintas FARC y las Fuerza Armada Nacional (FAN).
El ingreso a Colombia continua y, desde allí, hombres y mujeres han alzado sus voces para responsabilizar a laFAN de una actuación violenta, en el marco del conflicto, que les había obligado a huir.
“Hemos recibido denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en contra de la población de Apure”, afirmó, el jueves, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Es el caso de Yanilce -hermana de dos de las cinco personas que presuntamente fueron masacradas en el estado Apure por la FAN y el FAES- quien responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de los asesinatos.
“El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia, cuando yo le trabajé 18 años al gobierno venezolano, y no fue en una sola institución, le trabajé a cuatro instituciones del gobierno venezolano y el pago que me da es masacrando a mi familia simplemente porque tienen una cédula colombiana“, denunció Yanilce, en un video grabado por El Tiempo de Colombia.
Entre los que permanecen en Venezuela también ha habido valientes que han dado la cara para denunciar violaciones a los Derechos Humanos.
Raiza Isabel Remolina grabó un vídeo que pidió hacer viral en el que contaba cómo cinco miembros de su familia habían sido sacados de una vivienda en el barrio 5 de Julio, de La Victoria, en el marco de un operativo de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) –que están desde el martes en el sitio del conflicto apoyando a la Fanb–, y aparecieron muertos, en El Ripia, que es la zona donde se desarrollaron los enfrentamientos de este jueves, y ataviados con otra vestimenta, similar a la de los guerrilleros.
“Estaban haciendo eso con todas las familias de ese sector, a todos los regresaban después con vida, pero mi familia, lamentablemente aparecieron tirados en un campo. (…) Ellos no eran ningunos guerrilleros, eran gente de bien, gente trabajadora y luchadora”, dice la joven en el vídeo.
Su testimonio se suma al de otra pariente del grupo, Fabiola Álvarez, quien puso a circular un audio en el que, como ella, pedía también justicia y respeto por los Derechos Humanos.
“Lo que hicieron es una masacre, un falso positivo, porque jamás y nunca mis suegros fueron guerrilleros, fueron personas honradas, mi suegro trabajador del campo, mi cuñado era un niño, aún con 20 años no salía a calles de su barrio. Mi suegra era una señora de casa”, dice Álvarez.
Situación desesperada
“Lo que visibilizamos es una escalada de violencia al otro lado de la frontera, desatada por el narcotráfico y el microtráfico de los grupos armados ilegales en la zona. El flujo migratorio es ostensible, pues ya han llegado a Arauquita más de 1000 familias venezolanas que perdieron sus hogares por culpa de la violencia”, aseguró por su parte Carlos Camargo, Defensor del Pueblo de Colombia.
Por su parte, Facundo Castillo, Gobernador de Arauca, admitió que la situación es desesperada. Los recursos del departamento no dan para cubrir las necesidades básicas de los casi 4.000 refugiados que llegaron a Arauquita, una población fronteriza a hora y media de distancia de la capital del departamento, donde viven 43.339 personas, refiere Semana.
El mandatario departamental respondió a la alerta lanzada por la Defensoría del Pueblo, donde se asegura que 15.000 personas del municipio de Arauca se encuentran en riesgo por el accionar de disidencias y grupos al margen de la ley que buscan controlar la capital de la Orinoquía.
“El desplazamiento de la gente está llegando desde Arauquita hasta la capital del departamento, donde se están asentando en barrios irregulares. Considero que deben abrirse los canales diplomáticos para encontrarle una salida a esta difícil situación”, reportó el gobernador.
Por su parte, la Policía aumentó el pie de fuerza en Arauquita y activó un plan de contingencia para evitar que la “bomba migratoria” haga estallar la frágil estabilidad de Arauquita.
“Hicimos unos refuerzos por parte del comando del departamento y estamos articulándonos con Ejército y Armada en un puesto de mando unificado (PMU) que se reúne varias veces al día con la Gobernación de Arauca, Unidad de Gestión del Riesgo, Migración Colombia y la alcaldía de Arauquita.”, reveló el Coronel Fredy Pérez, comandante de la Policía de Arauca.
“El parte de orden público es de tranquilidad y las vías desde y hacia Arauquita están protegidas. No tenemos conocimiento de la situación al otro lado de la frontera, pues no existe articulación o informaciones oficiales por parte de las autoridades de ese país”, añadió el alto oficial colombiano.
Los ataques desde el Poder no logran intimidarnos
El coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, recordó que en el año 2000 se denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada y la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) (hoy Sebin) en el contexto del deslave de Vargas. «A Hugo Chavez le molestó nuestras denuncias y en un Aló Presidente nos acusó de estar desprestigiando a las Fuerzas Armadas y descalificó nuestras denuncias. A los pocos meses tuvo que reconocer públicamente que se habían violado derechos humanos».
«El Estado venezolano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que cuerpos armados del Estado produjeron graves violaciones a los derechos humanos en Vargas. Los ataques desde el Poder no han logrado intimidarnos ni impedir apoyemos a las víctimas en sus justos reclamos de justicia. Esta vez tampoco lo lograrán. Tampoco lo logró Lusinchi cuando se denunció la masacre de El Amparo. El derecho a la verdad y a la justicia siempre conlleva una permanente lucha contra la ‘verdad oficial’ que busca producir impunidad, tergiversar los hechos y dar la espalda a los familiares. En Venezuela no es distinto».
Por otra parte, el Ministerio Público (MP) conformó una comisión de 12 expertos para investigar los sucesos ocurridos en El Ripial (Apure) informó este sábado el fiscal designado por la extinta ANC, Tarek William Saab.
Está conformada por integrantes de la Dirección General de de Protección de Derechos Humanos y la Unidad Criminalística del MP, según el funcionario para «practicar las diligencias y experticias pertinentes, esclarecer los hechos».
“Los 12 expertos enviados realizarán inspecciones técnicas, experticias planimétricas, experticias de trayectoria balística, protocolos de autopsia, entre otras, para establecer posibles acciones violatorias a los DDHH”, agregó.
Añadió que también designó a dos fiscales para investigar los hechos ocurridos en la población de La Victoria, en la misma entidad.
Pugna entre disidencias de las FARC provocó conflicto
Fuentes de inteligencia le confirmaron al diario colombiano El Tiempo que ‘Iván Márquez’, jefe de la ‘Segunda Marquetalia’, e ‘Iván Mordisco’, jefe del frente primero de las FARC, se habrían reunido en zona rural de Elorza, en el estado de Apure, para intentar definir un acuerdo que uniera a las dos organizaciones ilegales.
‘Iván Mordisco’, señalaron agentes de inteligencia de Colombia, cruzó a Venezuela con un pequeño esquema de seguridad. Allí lo esperaba ‘Iván Márquez’, quien junto a los otros jefes de la ‘Segunda Marquetalia’ permanecen desde hace meses en territorio venezolano.
Para las autoridades colombianas es un hecho que el grupo de ‘Iván Mordisco’ ha venido colonizando varias de las pequeñas disidencias que se venían rearmando en el país, al tiempo que los de ‘Segunda Marquetalia’ vienen perdiendo el poco poder que habían logrado tras abandonar los acuerdos de paz e incumplir sus compromisos adquiridos en las negociaciones de La Habana.
Las fuentes señalaron que ‘Márquez’ ha intentado usar su pasado como exintegrante de la desaparecida guerrilla de las Farc para alinear a los demás grupos, pero el poder económico y militar de ‘Mordisco’ por cuenta del narcotráfico no se plegó.
El inicio de la guerra abierta, entre los antiguos socios, habría tenido su primer acto hace una semana, cuando, con información que habría sido entregada por el grupo de ‘Márquez’, las autoridades venezolanas lanzaron una operación militar contra un campamento de las disidencias del frente décimo ubicado en el país vecino.
Aunque el jefe del frente décimo es ‘Ferley González’, el campamento al que llegaron era el de Jorge Eliécer Jiménez, alias Arturo o Jerónimo, de 52 años, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’ y quien junto con sus hombres habría alcanzado a salir de la zona antes de la llegada de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Las relaciones entre las autoridades de Colombia y Venezuela están rotas y la información que se conoce por inteligencia estratégica señala que en el sitio solo se encontraba población civil.
Alias Jerónimo se vinculó a las FARC en 1985 en el frente décimo y llegó a ser hombre de confianza de ‘Granobles’, el hermano del ‘Mono Jojoy’, el jefe militar de la guerrilla. Fue capturado en 2009 y condenado a 40 años de prisión y en el 2017 recuperó su libertad al acogerse a los acuerdos de paz. Ese mismo año se fue para Guaviare y allí se unió a ‘Iván Mordisco’, quien lo designó como su apoyo para el tráfico de cocaína en Venezuela.
Las fuentes señalan que ‘Jerónimo’ conoce la zona de frontera, y que sería él quien repitió una vieja práctica macabra de la desaparecida guerrilla: minar el campamento para afectar a los militares a su ingreso.
‘Jerónimo’ mueve armas y coca para ‘Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’ desde Apure, y cuenta con el apoyo de Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, jefe de la disidencia frente 28.
Este hombre es señalado de hacer circular esta semana varios audios y videos en los que amenaza a la Fuerza Pública venezolana –en retaliación por el ataque a ‘Jerónimo’ y sus hombres–. ‘Medina’ asegura que se solidariza con el frente décimo y advierte que atacará “las bases militares del Ejército venezolano”. De hecho, un día después de la amenaza fue atacado el puesto de control fronterizo en La Victoria.
‘Jerónimo’ y ‘Antonio Medina’ habrían sido delegados por ‘Mordisco’ para ser la primera línea de guerra contra la gente de ‘Iván Márquez’.
A comienzos de febrero, la Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la violencia que se podría desencadenar en el Catatumbo, del lado colombiano, por las disputas entre el Eln, el Epl y las facciones disidentes de las Farc, grupos que se mueven sin problema al otro lado de la frontera, donde ahora también se enfrentan.
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