El Tribunal 2° de Control de Monagas ordenó abrir un juicio contra nueve personas acusadas de intentar secuestrar a Diosdado Cabello y su posterior entrega a Estados Unidos, según fuentes del sistema de justicia.
La decisión fue anunciada el pasado 4 de marzo en el Palacio de Justicia de Monagas donde se celebró la audiencia preliminar dirigida por el juez 2° de control de Monagas, Luisa Cabezas.
Los nueve acusados fueron trasladados desde el Centro Penitenciario de Oriente (La Pica) a las 11 am. Pero el inicio de la audiencia se retrasó una hora porque no compareció el fiscal del Ministerio Público que llevó el expediente originalmente, según testigos. A las dos horas llegó la fiscal Karina Gómez y se abrió la audiencia desde las 2 pm hasta las 5 pm.
Durante la audiencia tomaron la palabra cuatro de los nueve acusados quienes negaron los cargos formulados por el Ministerio Público y exigieron el esclarecimiento de los hechos.
Los procesados están identificados como Luis Eduardo Villarroel Caña, Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides, Enrique Naurix Parada, Gabriel Andrés Medina y José Ramón Cruz Marcano. Son acusados por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y tráfico de armas entre otros delitos.
Estas personas fueron detenidas entre El Furrial y Maturín (Mon) en abril de 2020. Dos meses después, específicamente el 18 de junio, la fiscal Ingrid Dioselina Bermúdez Bolívar, solicitó al Tribunal 2° de Control de Monagas, abrir juicio contra los nueve acusados. En el escrito acusatorio, la Fiscalía relata que Luis Villarroel, uno de los nueve acusados y quien funge como comisionado de la clase obrera en El Furrial (Mon), presuntamente recibió un mensaje en su celular donde le informan que se gesta un plan para secuestrar al entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El propósito del secuestro era hacer efectiva la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 26 de marzo de 2020 a quienes ofrecieran información que conduzca a la detención de Cabello.
La investigación de este hecho aún sigue abierta. De hecho hay un militar de apellido Urdaneta que tiene orden de aprehensión. Este oficial actuó como experto telefonista para realizar el vaciado de los celulares incautados a los procesados.
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