El histórico conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo no deja de ser noticia y alarma la estrategia de Maduro. La disputa por la región de 159.542 kilómetros cuadrados —equivalente al estado de Florida en Estados Unidos— se aviva con el sobrevuelo de dos aviones de combate Sukhoi SU 30 del Ejército venezolano en la comunidad de Eteringbang, un poblado de una calle junto al río Cuyuní.
Así se evidencia que Nicolás Maduro ha decidido incorporar el componente militar en la controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. «Ojalá sea complementado sabiamente por el componente jurídico y diplomático”, responde la abogada especialista en derecho internacional y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
El caso avanza en la Corte Internacional de Justicia. Esta instancia de La Haya se declaró competente para dirimir las diferencias luego de que Guyana le solicitara hace dos años su mediación para resolver el conflicto con Venezuela por el Esequibo.
En sus tribunales, Chile y Bolivia dirimieron la salida al mar de este último con resultado a favor de los chilenos en 2018 y Nicaragua reclamó ante el mismo órgano de justicia una porción de mar territorial de Colombia y lo consiguió en 2012. Sin embargo, ninguna de esas experiencias convence a Maduro.
El régimen optó por no asistir a la audiencia de la Corte, y apegado al Acuerdo de Ginebra, insiste en alcanzar una resolución práctica, pacífica y mutuamente satisfactoria.
Su postura da paso a las ambigüedades porque “no está clara la estrategia de Maduro que ha decidido no concurrir al contencioso en esta instancia internacional”, señala San Miguel.
Sin embargo, es evidente que lo manejará a su manera y distinto a Hugo Chávez, quien evitó la polémica y mantuvo a fuego lento esta querella. Pero hasta ahora, los actos de la armada y de la aviación militar de Venezuela no pueden ser considerados “actos bélicos”, según San Miguel.
En esa dirección apunta el discurso del canciller del régimen chavista, Jorge Arreza. Desde su cuenta en Twitter divulgó un comunicado en el que considera “descabellada” la postura de Georgetown sobre las labores de patrullaje que califica como “actos de agresión” y que Arreaza enmarca en una “campaña de victimización internacional” de la contraparte.
Un interés económico
Guyana, Reino Unido y Venezuela firmaron en 1970 el Protocolo de Puerto España que congeló las conversaciones entre ambas partes por 12 años. Y así fue. Cumplido ese lapso, el asunto mantuvo un bajo perfil hasta que la compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil confirmó hace cinco años que bajo las aguas continentales en reclamación se encuentran unas reservas petroleras estimadas entre 5500 a 8000 millones de barriles.
Además hay minerales como bauxita, oro, diamantes y manganeso, reservas de uranio y gas natural, algunos ya sujetos a planes de exploración.
Ese hallazgo le permitiría a Guyana —habitada en su gran mayoría por descendientes de la India y del África subsahariana— entrar en la lista de países ricos en cuestión de años, esto de acuerdo con estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, reseñadas por la agencia France 24.
El panorama petrolífero azuzó a Maduro a manifestar “la reconquista” y la defensa “en todos los planos” del Esequibo. Irfaan Ali, el presidente guyanés, rechaza estas intenciones que incluyen, entre ellas, la creación de una nueva zona marítima denominada «Territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica» con el fin de «salvaguardar» las fronteras y la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.
Sumando tensión
Según un documento del Departamento de Estado de EE. UU., la disputa por el territorio comenzó oficialmente en 1841, cuando el Gobierno venezolano del general José Antonio Páez denunció una incursión al país por parte del Imperio británico, del que Guyana formaba parte como colonia. Desde entonces, los episodios de crisis no cesan.
Uno de ellos es reciente. Por pescar «ilegalmente» en aguas en disputa, la Armada venezolana interceptó las embarcaciones Lady Nayera y Sea Wolf de bandera guyanesa y desde entonces, el tono subió entre los involucrados.
Por su lado, Guyana sostiene que ambas embarcaciones estaban dentro de su Zona Económica Exclusiva mientras Venezuela alega que estaban en aguas «de indiscutible soberanía venezolana».
Al respecto, Rocío San Miguel también afirmó a PanAm Post que «la visita, registro y captura de buques guyaneses se realizó en espacios jurisdiccionales que Venezuela ha patrullado históricamente. Y el sobrevuelo del SU 30 fue sobre territorio venezolano”.
Guyana protestó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la «detención ilegal» de las embarcaciones y exigió la liberación de los ciudadanos guyaneses detenidos.
Las bases
Venezuela está apegada al Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia territorial y esta tiene carácter procesal, donde son las partes implicadas las que determinan la solución del diferendo con cuatro pasos sucesivos para conseguir un acuerdo práctico y satisfactorio.
El primero indica una negociación en el seno de la Comisión Mixta. Si en cuatro años no se llega a una solución, los Estados elegirían uno de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Si tampoco se alcanza un acuerdo sobre la elección de dicho medio en el plazo de tres meses se remitiría la decisión a un órgano internacional que ambos gobiernos acuerden.
Si por esa vía el consenso es inviable entonces deben recurrir al secretario general de la ONU, quien prestará sus buenos oficios para ayudar a las partes a la solución de su controversia. Si con el secretario general no funciona, se escogería otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas de manera sucesiva hasta agotarlos.
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