Jaime Herrera Orozco fue asesinado en medio de un asalto pirata luego de que las autoridades venezolanas mantuvieron retenido su barco durante varios meses.
Su esposa, Claudia Fortich, no ha podido registrar su muerte debido al conflicto político entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Iván Duque.
El barco mercante colombiano San Ramón partió a medidos de 2019 del puerto de Georgetown en los EE UU con rumbo a Cartagena de Indias, donde entraría a astilleros para ser reparado.
La embarcación iba al mando del capitán de navío mercante colombiano Jaime Herrera Orozco.
La carta de navegación señala que el capitán tomó la costa y navegó en línea recta rumbo a aguas venezolanas para luego tomar rumbo a Cartagena de Indias.
“Mi esposo llevaba un año trabajando para la empresa Sulpply & Solutions GV C.A. y ya venían de Guyana hacia Cartagena”, recuerda Claudia Fortich, en el municipio de Turbaco, Bolívar, Colombia,
Pero el viaje tranquilo se interrumpió el 7 de agosto de 2019 cuando el motor del viejo barco presentó fallas y el capitán colombiano ordenó fondear en la Bahía de Pozuelos, ya en aguas venezolanas, a 12 kilómetros de Puerto La Cruz.
El curtido capitán se reportó al puerto más cercano y esa misma noche fueron interceptados por una patrulla de la Armada de Venezuela.
Los militares fuertemente armados ordenaron a la media docena de marinos que conformaban la tripulación reunirse en la cubierta del San Ramón.
Pese a que el capitán del barco abrió las bodegas de la vetusta nave para mostrar que no llevaban carga y que el buque iba a ser reparado en Cartagena, los militares adscritos a la Dgcim anunciaron que el barco estaba confiscado y la tripulación detenida. El grupo fue involucrado en un presunto caso de contrabando.
Los detalles del proceso los presentó la agencia de noticias Reuters en un completo informe sobre el caso, basado en los reportes de autoridades portuarias y en las declaraciones que entregaron al tribunal estatal siete marineros y soldados, que fueron involucrados en el hecho.
En comunicaciones con su familia en Colombia, el capitán Herrera, de 51 años de edad, señaló que la guardia venezolana los sobornó. Pero él, seguro de su inocencia y la de su tripulación, esperó un juicio justo de las autoridades venezolanas que nunca llegó.
La noche del crimen
Con la amenaza de 14 años de cárcel por los delitos de contrabando, la tripulación del buque San Ramón recibió el año nuevo de 2020 prisioneros en su propia nave y vigilados por hombres de la Armada venezolana.
Sin embargo, el tribunal penal en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, nunca falló pena alguna contra los marineros cuyo único error fue navegar sobre aguas venezolanas.
Los primeros 50 días de 2020 fueron de trámites ante las autoridades judiciales sin tener respuestas.
El domingo 23 de febrero, la tripulación, siete marineros en total, como presagio de un final trágico, celebró una fiesta que culminó a las 7:00 pm, cuando todos se encerraron en sus camarotes.
“Alrededor de la medianoche, Juan Carlos Cabeza, mecánico de motores, caminó hacia la popa para hacer una llamada telefónica. Mientras estaban allí, seis hombres enmascarados subieron a bordo desde una lancha, le apuntaron con armas, luego lo ataron y amordazaron. Uno de los asaltantes montó guardia mientras los otros se dirigieron hacia los camarotes”, señala Reuters en uno de sus informes sobre el caso.
Los asaltantes encañonaron a la tripulación en sus respectivos camarotes mientras saqueaban.
“Yo estaba en mi cabina. Descansando. Eran más o menos las 12:00 am. Cuando escucho caminar por los pasillos y voces no conocidas, que dicen ‘quédate quieto, mamagüevo’. Inmediatamente comprendí que había piratas a bordo”, le dijo a El Tiempo Eulalio Bravo, uno de los marinos colombianos que acompañaba al capitán Herrera.
Pero fue en el camarote del capitán Herrera —donde se encontraba la caja fuerte con el dinero que la compañía naviera, propietaria del barco, había enviado para la manutención de los hombres retenidos— donde se escucharon las más fuertes intimidaciones, agresiones, gritos y finalmente un disparo.
“Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Pensé en abrir la ventana de mi cabina y tirarme al mar, cuando sentí que pateaban la puerta de la cabina del primer oficial”, agrega Bravo, curtido marinero, hoy desde su natal Buenaventura.
El cuerpo de Herrera Orozco quedó tendido en el piso.
“El dictamen forense fue fractura de cráneo y traumatismo craneoencefálico severo producido por herida de arma de fuego. El cuerpo de mi esposo llegó a Cartagena el domingo 1 de marzo de 2020 y fue sepultado el 2 de marzo, una semana después de su asesinato”, recuerda Claudia Fortich.
La crisis diplomática que ahonda una injusticia
El levantamiento del cadáver dentro del barco del marino colombiano lo realizaron la Guardia Nacional y policías forenses la misma madrugada del 24 de febrero.
Fue un levantamiento que parecía de rutina en una de las zonas más peligrosas del Caribe para los navegantes, donde abundan los piratas y las autoridades son en ocasiones más peligrosas que los mismos delincuentes.
En declaraciones a la justicia venezolana los tripulantes señalaron que la embarcación fue inspeccionada en cuestión de minutos, tomaron huellas dactilares en la escena del crimen, recibieron informe de los pesos colombianos, dólares y otros bienes desaparecidos en la nave y sacaron el cuerpo sin vida de Herrera.
El oficial de la Armada venezolana Edgard Amundaraín fue señalado por la justicia de ese país del robo y de cargos por porte ilegal de armas. Amundaraín fue precisamente uno de los militares responsables de custodiar la nave durante los casi siete meses que estuvo retenida en aguas venezolanas.
Tres militares venezolanos más fueron responsabilizados por el asalto.
“La Cancillería venezolana se niega a apostillar el registro de defunción de mi esposo y el Estado colombiano se ha negado a prestarme su apoyo, solo encuentro negativas de las instituciones en las que he tocado puertas. Inicié con un derecho de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, dice Fortichi, para quien la tragedia de su marido en altamar se trasladó a su cotidianidad en tierra firme
La Registraduría colombiana le exige que para registrar la muerte del marino en Colombia, Claudia debe presentar el documento de defunción apostillado por las autoridades venezolanas.
“Radiqué una acción de tutela contra Registraduría Nacional del Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores —Cancillería De Colombia—, su fondo de pensiones, Cancillería de Venezuela en Colombia, y el Estado colombiano. Tutela que falló en mi contra, luego se hizo la impugnación de la tutela, que también me fue negada”, añade la mujer, que tuvo dos hijos con el capitán.
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano sostiene que debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela es imposible a nivel diplomático solicitar, por lo menos, como cortesía el referido trámite.
“Yo no estoy pidiendo caridad, estoy pidiendo que se me otorgue un camino legal que me permita registrar el fallecimiento de mi marido, eso es todo. Registrar el fallecimiento de mi marido nos permitirá acceder a sus ahorros pensionales y que el seguro de vida del banco responda de tal manera que no estemos constantemente amenazados con perder nuestra casa”, pide Fortich.
La mujer dice que deberían existir protocolos especiales para este tipo de situaciones, pues tiene millonarias deudas, entre otras, con los abogados.
“Yo entendería todo esto si mi marido se encontrara desaparecido, si se desconociera el paradero de su cuerpo, pero este no es el caso. Mi marido está sepultado en Cartagena y existen muchísimas pruebas de su muerte”, concluye Claudia Fortich.
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