Cuando Alejandro Andrade, ex tesorero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable en la Florida de un cargo de confabulación para lavar dinero, sus activos fueron decomisados. Ahora venezolanos-americanos quieren que cientos de millones de dólares confiscados en juicios de corrupción a venezolanos sean depositados en un fondo especial para futuro uso de la nación sudamericana.
Con ese fin se fundó la organización no gubernamental Iniciativa Para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), con sede en Miami, y a mediados de marzo se lanzará una campaña para que los venezolanos soliciten a los legisladores de EEUU que presenten un proyecto de ley para crear un fondo especial para el dinero decomisado en esos procesos judiciales.
María Alejandra Márquez, presidenta de INRAV, dijo a el Nuevo Herald que la campaña se llevará a cabo en las redes sociales con la etiqueta #UnFondoPorVenezuela instando a los venezolanos-americanos a llamar a sus legisladores y que les envíen mensajes a través de Twitter e Instagram.
Unos $1,500 millones de activos retenidos en EEUU se han identificado en documentos judiciales de este país como productos de la corrupción en Venezuela y el Departamento de Justicia ha presentado más de 20 acusaciones por delitos de corrupción contra venezolanos funcionarios gubernamentales, empleados de la estatal petrolera PDVSA y contratistas, según un reporte del Inter-American Dialogue.
La mayoría de los casos se han presentado en los tribunales federales del distrito Sur de Texas, donde está la sede de PDVSA en Estados Unidos, y en el distrito sur de la Florida, donde muchos acusados tienen bienes raíces y otros bienes inmuebles, así como cuentas bancarias, de acuerdo con el informe.
El caso más grande involucra a Andrade que como parte de su acuerdo de culpabilidad con las autoridades, acordó entregar $1,000 millones y propiedades. Otros acuerdos de decomiso importantes incluyen $38 millones del ex banquero Gabriel Arturo Jiménez y $18 millones del ex empleado de PDVSA Abraham José Shiera, dijo Inter-American Dialogue.
“#UnFondoPorVenezuela busca que este dinero sea protegido de acreedores y de otros usos en un Fondo manejado por el Estado americano que permita su retorno expedito cuando las condiciones de transparencia y garantías de uso correcto lo lo permitan”, dijo Márquez.
Explicó que mediante la ley VERDAD, aprobada por el Congreso estadounidense en 2019, Estados Unidos se compromete a regresar a Venezuela los activos recuperados de la corrupción.
Ese marco legal contempla la posibilidad de crear un fondo para proteger y retornar los bienes recuperados, pero hasta ahora no se ha creado, dijo la titular de INRAV.
“Sin un Fondo, el retorno de los bienes recuperados es impracticable porque el proceso es muy lento, costoso y requiere de una dedicación intensiva por parte del Estado venezolano. Venezuela no tiene recursos ni tiempo para acometer semejante empresa”, detalló Márquez.
Por eso quieren que se coloquen esos activos en un fondo y “que los cuide porque la fila de acreedores que tiene Venezuela es impermeable. El chavismo y el madurismo no ha dejado de endeudar al país”.
Una vez recuperados los activos “robados a Venezuela” y que se puedan manejar con transparencia, deben ser destinados a desarrollar proyectos enfocados en la reconstrucción económica, institucional y social del país mediante mecanismos de participación, colaboración e innovación social, según la organización.
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