La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó este viernes 26 de febrero su preocupación por el trato que se le está dispensando a los migrantes venezolanos que buscan una mejor calidad de vida en países de Latinoamérica, al igual que a las medidas migratorias tomadas por países como Ecuador, Perú y Chile, de militarizar las fronteras e impedir el ingreso irregular de nuestros nacionales.
“La militarización de la gestión de las fronteras en Ecuador, Perú y Chile es especialmente preocupante en el contexto del movimiento sin precedentes de venezolanos“, expresó Bachelet en el 46° periodo de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, en Ginebra, donde ofreció una actualización oral sobre la situación en nuestro país.
Indicó que existe la estimación de que en 2021 unos 5,28 millones de venezolanos puedan permanecer fuera del país y por ello, hizo referencia a los «informes preocupantes» de la expulsión de personas de posibles países de acogida «sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección».
Resaltó que desde su última actualización sobre Venezuela, el plan de trabajo conjunto que mantiene su oficina en el país «fue renovado y ampliado», al tiempo que subrayó que entre las labores que ha llevado a cabo su equipo está el reforzamiento de asistencia técnica, prestando apoyo sobre detención preventiva y protocolos de investigación de violaciones de derecho a la vida e integridad personal.
«Mi Oficina ha visitado 5 centros de detención. Confío que en breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de detención de servicios de inteligencia», señaló.
Michelle Bachelet afirmó que se propuso en octubre de 2020 «un protocolo para la observación de audiencias judiciales, que espero ver adoptado y aplicado», junto a la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales y situaciones que sean importantes. «Aliento a fortalecerlo con respuestas oportunas y soluciones adecuadas».
Señaló haber «tomado nota» sobre la autorización por parte del Ejecutivo venezolano para que el preso político Juan Planchart recibiera atención médica, así como por la excarcelación de los 12 pemones que estuvieron detenidos por más de un año.
Saludó las conclusiones de la relatora de la ONU Alena Douhan, quien viajó a Venezuela para analizar el impacto de las sanciones impuestas por parte de varios países y reiteró que se continúa en conversaciones para establecer una oficina permanente en Caracas de las Naciones Unidas para los DDHH.
Se tiene previsto que Michelle Bachelet realice una actualización más detallada sobre la situación de derechos humanos en Venezuela el próximo 10 de marzo.
El discurso de Bachelet se registró horas después que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieran arbitrariamente al diputado suplente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 por el estado Aragua, Gilberto Sojo, durante la noche del jueves 25 de febrero.
Sin orden judicial ni causa aparente, el cuerpo de seguridad del Estado replicó el modus operandi que ha utilizado para arrestar a dirigentes políticos durante los últimos años; un organismo que en reiteradas ocasiones Michelle Bachelet ha «recomendado» disolver por las violaciones a los DDHH que comete contra la población.
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