Javier Troconis, comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Juan Guaidó mantuvo conversaciones secretas y en paralelo en noviembre de 2019 a las que ya tenían la junta ad hoc de Pdvsa y la Procuraduría para llegar a un acuerdo con Petróleos Paraguayos (Petropar) sobre la deuda que desde 2009 tiene con la estatal venezolana.
El periodista Carlos Seijas Meneses recuerda que, en julio de 2016, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) —supeditada a la administración de Nicolás Maduro— presentó una demanda arbitral contra Petropar ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París, por el incumplimiento de una deuda que había sido renegociada en 2009.
La empresa paraguaya, que atravesaba dificultades financieras luego de años de presunta corrupción, no realizó los pagos oportunos entre 2006 y 2008 de los 18.600 barriles diarios de crudo, productos refinados y gas licuado de petróleo (GLP) que recibía de Venezuela bajo condiciones preferenciales de pago, según lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscrito en 2004 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Nicanor Duarte. En 2009 Petropar reconoció adeudar a Pdvsa unos 269 millones de dólares.
Pdvsa sostenía que el pago íntegro de la deuda era exigible desde noviembre de 2013. Petropar, en cambio, insistió en que el tratado permitía el pago hasta el año 2023.
Pero el rechazo por parte de la oposición y de la comunidad internacional del segundo mandato de Maduro y la proclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela” a partir de su jefatura en 2019 de la Asamblea Nacional electa en 2015, generaron un tiempo muerto en el proceso de arbitraje en la capital de Francia.
Luego, con el nombramiento de una junta administradora ad hoc de Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional, el 10 de abril de 2019, empezaron a llevarse a cabo conversaciones oficiales entre los representantes de la estatal venezolana designados por el gobierno interino de Guaidó, Hernández y Petropar, para buscar una solución del conflicto.
Según información suministrada por exfuncionarios del interinato, Pdvsa ad hoc proponía reconocer el monto íntegro de la deuda, pactar un cronograma de pagos y designar una comisión técnica para resolver la única disputa existente: los intereses, sin necesidad de designar a terceros mediadores ni comprometer el pago de honorarios por gestiones de mediación o recuperación.
Lo que ocurrió no se acerca a esa propuesta.
Negociaciones en paralelo
Mientras se desarrollaban las conversaciones oficiales entre ambas empresas, un recién nombrado funcionario de Guaidó decidió estrenarse en el cargo decidiendo resolver por su cuenta y con un mediador el conflicto entre las petroleras, aun cuando no tenía —y sigue sin tener— las atribuciones para representar a la estatal venezolana ni para llevar a cabo negociaciones sobre deudas y activos relacionados con Venezuela en el exterior.
Se trata del comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Guaidó, Javier Troconis, cuyo nombramiento por parte del presidente del Parlamento se hizo público a través de Twitter el 28 de agosto de 2019.
A pesar de que la junta administradora ad hoc es el único órgano autorizado para actuar en nombre y por cuenta de Pdvsa frente a Petropar, Troconis llevó a cabo en noviembre de 2019 reuniones con el abogado argentino Sebastián Vidal —quien trabajó con Pdvsa entre los años 2011 y 2018 en reestructuraciones de deudas entre la petrolera y otros países— y el jefe del Gabinete de la Presidencia paraguayo, Juan Ernesto Villamayor.
El 2 de enero de 2021, el periódico estadounidense The Washington Post publicó un reportaje que reveló los irregulares esfuerzos de Troconis para capturar activos extranjeros de Venezuela. La investigación descubrió acuerdos propuestos por el comisionado, entre ellos el proceso de negociación de la deuda de Petropar con Pdvsa. Los documentos conseguidos por Tal Cual permiten ahondar en detalles de esos hallazgos.
En noviembre de 2019, el abogado Vidal comunicó a funcionarios del gobierno interino a través de un correo electrónico que había estado realizando gestiones para “lograr una solución amistosa de la disputa” en reuniones mantenidas con Troconis y Villamayor en la ciudad de Asunción.
El mensaje confundió a los representantes de Guaidó, quienes anteriormente habían rechazado una oferta de Vidal de trabajar en el caso debido a que ya estaba siendo atendido por Pdvsa ad hoc y la Oficina del Procurador Especial directamente con Petropar.
De manera paralela a las conversaciones oficiales, Troconis, Vidal y Villamayor estaban negociando un acuerdo que establecía una propuesta absolutamente distinta a la presentada por la junta ad hoc de la estatal venezolana. El comisionado de Guaidó, el abogado argentino y el funcionario paraguayo discutían un descuento de 50% de la deuda de Petropar con Pdvsa, condonación de todos los intereses y un pago de prima de éxito del 20% del monto acordado al abogado. Como la deuda pasaba de 265,8 millones a 132,9 millones de dólares, eran 26 millones y medio de dólares de honorarios, que iban a salir del bolsillo de Venezuela.
Según las fuentes consultadas, se trataba de un acuerdo que violaba la Ley Contra la Corrupción porque se le estaba ocasionando un perjuicio patrimonial al país. Además, no había ninguna razón para acordar una quita de 50% a un país que no estaba mal económicamente.
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