Plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados por la administración de Nicolás Maduro, forman parte de las empresas que en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados.
El modelo pertenece a las llamadas alianzas estratégicas, confirmaron personas con conocimiento del asunto.
En el marco de estas alianzas los administradores cubren la nómina y las inversiones mientras entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado. El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”, dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas.
Las transferencias a inversionistas privados, ofreciéndoles ganancias a cambio de una participación en ingresos o productos, abandona a todas luces la doctrina socialista.
A esto suma la aprobación del año pasado de una ley “antibloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de EE.UU. e incentivar la inversión.
Por eso ahora el gobierno de Maduro permite que fluyan las remesas en dólares y se fortalezca la empresa privada en pequeños beneficiarios.
Este fenómeno de la expropiación, producto de la revolución socialista, en su momento con Hugo Chávez confiscó más de 1.000 empresas, numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.
Alianzas silenciosas
Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión y las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017.
“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje. Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”, dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela.
Pero la naturaleza de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no es clara. La ley antibloqueo prohíbe revelar dicha información, supuestamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU.
Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente.
Incluso, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.
NotiVeraz