Un año para el olvido. Esta es la frase que definiría este 2020 para la humanidad, pero en particular para Venezuela. Aguda escasez de gasolina, inflación imparable, poder adquisitivo por el suelo, calidad de vida inexistente y destrucción de la estatal petrolera PDVSA demuestran que el país está en un túnel sin salida, en términos políticos y económicos. Y el régimen de Nicolás Maduro ha sido artífice de esta desgracia acumulada.
El último golpe del chavismo fue la elección fraudulenta del 6 de diciembre, cuyo objetivo era asegurarse el control del Parlamento para proyectar una aparente normalidad democrática. Según cifras oficiales, la participación fue de apenas 30 %, un número que demuestra el hastío de los venezolanos.
Cuando se creía que Venezuela no podía estar peor, una nueva tragedia tocó la puerta: la pandemia. La crisis sanitaria generada por el coronavirus empeoró todo para los venezolanos que ya padecían una aguda escasez de medicinas en un país con los centros de salud en graves condiciones de deterioro.
La destrucción de PDVSA
El deterioro de la industria petrolera venezolana ha sido letal, ya que constituye la principal fuente de ingresos del país. Se calcula que, desde 1999 hasta 2014, Venezuela recibió 960.589 millones de dólares, un promedio de 56.500 millones de dólares anuales durante 17 años. Este año fue cuesta abajo.
Según la OPEP, la producción de la estatal petrolera fue solo de 339.000 barriles por día (bpd), a diferencia de los 1,4 millones de bpd que se producían en 2018.
El chavismo atribuye la caída de la producción a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, el declive de PDVSA es responsabilidad de un régimen que dejó de hacer el mantenimiento correspondiente a las refinerías, comprometió el principal activo de la nación en el exterior al poner como garantía del bono PDVSA 2020 el 51 % de las acciones de Citgo y se robó millones de dólares que pudieron haberse destinado a la repotenciación del sector.Anuncios
El régimen también recibió demandas millonarias. Una de ellas vino de la Refinería Di Korsou (RDK), propietaria de la refinería Isla ubicada en Curazao, cuyas instalaciones tienen capacidad para refinar 335.000 barriles diarios de crudo. En marzo exigió 162 millones de dólares por el impago a sus operaciones.
A finales de agosto, la refinería introdujo otra demanda por 51 millones de dólares ante una corte en Nueva York. Ese mismo mes, Bonaire ordenó a la estatal petrolera PDVSA vaciar los tanques y oleoductos en su terminal BOPEC. ¿La razón? Falta de mantenimiento y riesgo de fugas.
El declive de la petrolera obligó al régimen a alejar sus barcos de las costas venezolanas para evadir la supervisión en las ventas. Así fue como los clientes de PDVSA recibieron el aviso del nuevo punto de entrega, un lugar alrededor de 20 kilómetros al norte de las islas Los Monjes, en el golfo de Venezuela.
La situación de los barcos petroleros también empeoró. En noviembre trascendió que la filial PDV Marina derrochó 3700 millones de dólares cuando se dispuso a aumentar de 21 a 42 el número de buques propios de PDVSA para transportar 1.200.000 barriles. El punto está en que la estatal petrolera apenas exporta 300.000 bdp y su disponibilidad operacional no llega al 80 %.
Escasez de gasolina
La escasez de combustible y el cobro a los usuarios en dólares recrudecieron la golpeada realidad del país.
A mediados de año, el producto pasó a venderse en dólares por orden de la dictadura. El valor es de 0,50 dólares por litro para quienes no estén inscritos en el Sistema Patria, un mecanismo de control gubernamental que otorga ínfimos bonos y algunos precios preferenciales.
Aquellos que sí estén inscritos pagan 5000 bolívares por litro (un dólar equivale a más de 1.000.000 de bolívares) y solo pueden surtir el día asignado de acuerdo con la matrícula del vehículo.
Como toda idea «brillante» del chavismo, el mecanismo fracasó. Simplemente, porque no hay gasolina. Mientras tanto, los venezolanos pasan días en colas, sin garantía alguna de poder surtir el tanque de sus automóviles.
Maduro pasó entonces a ser totalmente dependiente de la gasolina iraní que llega por vía marítima burlando las sanciones de Estados Unidos. Como paños de agua caliente, a finales de noviembre llegó una nueva tanda con 825.000 barriles de gasolina a bordo de los buques Forest y el Fortune. Días después, arribó el Faxon con 234.000 barriles.
Ninguna de estas pantomimas resolvieron el problema de fondo: el deterioro de la industria petrolera. Es por esto que este año algunos venezolanos –con ingenio e impotencia– decidieron fabricar su propia gasolina, bajo nulas medidas de seguridad.
Devaluación del bolívar
Si los dos puntos anteriores parecen graves, entonces la devaluación y la inflación rayan en lo absurdo. En septiembre, el salario mínimo en el país (Bs 400.000) estaba por debajo de un dólar. Con eso, el venezolano apenas podía comprar medio kilo de pollo al mes.
La vertiginosa devaluación de la moneda venezolana deja a la población de manos atadas. Para mantenerse, profesores universitarios, biólogos y profesionales de distintas áreas recurren a la fabricación y venta de dulces, juguetes o artículos de limpieza.
Cuando comenzó el año, el dólar se cotizaba en Bs 56122, pero los últimos meses superó la barrera del millón de bolívares registrando así un alza de 1152 %. Esto significa que con lo que vale un dólar hoy, en enero se podían comprar 17 dólares y sobraban 20 centavos.
De manera no oficial, el gobierno habría aumentado el salario mínimo en noviembre de este año a 1.200.000 bolívares. Sin embargo, eso no solucionó nada porque los precios continuaron subiendo. Con el aumento del dólar no oficial, el salario mínimo quedó en USD 1,22 de acuerdo con la tasa de cambio reciente.
El resultado de todas estas matemáticas es simple: el dinero no alcanza. Ni imprimiendo todos los billetes posibles el gobierno puede ocultar su fracaso en materia económica. La crisis ha llevado a la población a sufrir de desnutrición y enfermedades que habían sido erradicadas debido a la precaria alimentación y el limitado acceso a medicamentos.
En efecto, Unicef informó en octubre que 23,9 % de las embarazadas atendidas en Venezuela padecían desnutrición. Asimismo, alertó que hay 3.200.000 niños con necesidad de asistencia humanitaria.
La situación era de esperarse teniendo en cuenta que la canasta básica, según el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDA), está valorada en Bs 126.045.688,92, es decir, unos USD 129.
Quienes tuvieron un pequeño desahogo fueron los trabajadores de la salud gracias a fondos incautados por Estados Unidos. Estos profesionales recibieron 300 dólares, divididos en tres pagos, con los que pudieron comprar zapatos para sus hijos o materia prima para producir otros productos y venderlos en mercados populares.
“Para lo que uno gana, eso (el bono) es un millonada, una plata que yo nunca he tenido en mi vida”, dijo Yurymay Díaz a Reuters., quien trabaja en un hospital.
Dolarización de puerta
La dolarización de facto es entonces resultado de la inflación y del minúsculo valor del bolívar. Maduro no ha tenido otra opción que rendirse ante la moneda estadounidense como única vía de escape.
Ahora bien, ¿cómo entran los dólares al país? A través de remesas que venezolanos en el exterior envían a sus familiares, visita de ciudadanos extranjeros o pagos de bonos en divisas por parte de algunas empresas.
Según la firma Ecoanalítica, citada por Bloomberg, se estima que 60 % de las transacciones en el país se efectúan en dólares. A su vez, Zelle quedó catalogado como el sistema más utilizado por los venezolanos a la hora de comprar y pagar en dólares. Dicha plataforma es propiedad de siete bancos de Estados Unidos.
En un país que carece de efectivo por la mala gestión del régimen que no ha hecho más que provocar la contracción de la economía, los pagos electrónicos se volvieron indispensables.
A pesar de la resistencia a la dolarización, trascendió que Maduro comenzó a gestionar la circulación de la moneda estadounidense en la banca venezolana para 2021. La dolarización estaría siendo organizada junto a funcionarios del Banco Central de Venezuela (BCV).
Pero las operaciones tendrán un costo. La dictadura informó que las transacciones en divisas dentro de una entidad financiera «pagarán un impuesto transaccional superior al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras de las operaciones en bolívares».
La alícuota del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para operaciones en bolívares se ubica en 1 %. Según explicó Héctor Orchena, consultor y auditor tributario, quienes opten por operaciones en dólares deberán pagar un impuesto de 2 %.
“Necesario como tal no es ese impuesto, pero lo que están buscando es aumentar su recaudación que está por el piso por la misma informalidad de la economía producto de la dolarización”, señaló Henkel García, director de Econométrica, en entrevista con PanAm Post.
Henkel García afirmó que el objetivo detrás de la medida es “tratar de desincentivar el uso del dólar”. Sin embargo, este propósito está lejos de tener éxito, especialmente cuando “ya hay un proceso de dólar avanzado y bajo las condiciones actuales ya hay beneficios que estarían manifestándose”.
No hay que soslayar que la vigilancia que EE. UU. mantiene sobre Venezuela podría dificultar la dolarización oficial que pretende implementar Maduro. Por ello, el régimen podría recurrir a billetes y monedas en el extranjero que no son controlados por la Reserva Federal de Estados Unidos.
Esta dolarización en puerta demuestra que el socialismo se está rindiendo a los pies del «dólar perverso» que tanto satanizaba el chavismo.
Derechos Humanos violentados
Este año, el régimen de Maduro continuó recibiendo el repudio de la comunidad y organismos internacionales por las aberrantes violaciones a los derechos humanos.
La Corte Penal Internacional (CPI) ofreció avances sobre Venezuela I, el análisis preliminar sobre crímenes de lesa humanidad iniciado en 2018. El organismo afirmó que existe «fundamento razonable» para creer que se cometieron este tipo de delitos desde, al menos, abril de 2017.
El examen preliminar sigue en curso. Una vez concluido, se determinará si existe fundamento razonable para proceder a una investigación formal. Entre los escenarios posible, cabría la emisión de una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro, en caso de que proceda la causa.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un nuevo informe sobre el aumento de casos. Indicaron que hubo más de 18000 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado o colectivos (guerrillas urbanas al servicio del régimen) desde 2014.
También identificó más de 15000 detenciones arbitrarias y 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.
Otro punto destacado por la OEA es la ambición de la dictadura por lograr el poder absoluto en el país, abusando de las instituciones para verse favorecido en procesos electorales.
De hecho, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre recibieron el repudio de organismos como la Unión Europea, el Grupo de Contacto Internacional (ICG, por sus siglas en inglés), el grupo de Lima, Estados Unidos y la OEA.
La abogada penalista y especialista en derechos humanos, Tamara Sujú, aseguró que el deterioro en la vida de los venezolanos es infrahumano. «Ellos no van a entregar el poder, están muy cómodos reprimiendo, amedrentando, intimidando y cada día persiguiendo más a los pocos políticos que quedan», afirmó.
La abogada aseveró que la solución no está en supuestas salidas «democráticas», sino en más sanciones y un mayor apoyo por parte de otros países.
Migrantes muertos por el socialismo
Lamentablemente, la migración no dejó de ser noticia. Los venezolanos siguen saliendo del país buscando mejores condiciones de vida. Y algunos tuvieron destinos fatales.
El caso más sonado ocurrió en octubre, cuando el gobierno de Trinidad y Tobago negó el refugio y deportó a 16 menores de edad y 13 adultos que habían llegado en botes improvisados. Luego de dos días sin que las familias supieran acerca de su paradero, fueron devueltos a ese país, donde los retuvieron.
Se calcula que, desde 2018 hasta 2020, más de 100 venezolanos han muerto en el Caribe huyendo del socialismo. Esta manera de escapar en precarias embarcaciones recuerda a los balseros cubanos que por décadas han recurrido al mismo método para escapar del comunismo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que hay 5,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Del total, se desprende que hay más de 140000 refugiados y 800000 venezolanos solicitando asilo.
Pero los ciudadanos de Venezuela no son los únicos que buscan un futuro mejor fuera de su país. En este sentido, el organismo manifestó que la cantidad de migrantes solicitando asilo en otro países aumentó 8000 % en comparación con 2014.
Y puntualiza que aquellos que huyen a países cercanos a veces carecen de documentos, haciéndolos propensos a la explotación laboral y sexual, violencia y xenofobia.
Los venezolanos no han tenido un año fácil. 2020 fue desolador. Con una dictadura que busca consolidarse retomando el control del Parlamento y un Gobierno interino que extendió su mandato sin haber logrado unanimidad en sus filas, 2021 se presenta como una extensión de los últimos nefastos 12 meses.
Los venezolanos padecieron este 2020 la peor de las crisis propinada por el régimen de Maduro.
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