Al menos 944 violaciones al derecho a la libertad de expresión se suscitaron en Venezuela durante el 2020, según se desprende del balance de las violaciones a la libertad de expresión ocurridas este año, presentado por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
En este encuentro con los medios el presidente del gremio, Tinedo Guía, explicó que en el 2020 se realizaron más de 994 violaciones al derecho de la libertad de expresión; donde se incluyen amenazadas a periodistas que difunden información sobre protestas y colapsos en el servicio público.
Asimismo, afirmó que hubo más de 122 detenciones arbitrarias a «periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos» y 9 profesionales de la comunicación fueron víctimas de «persecución, amenazas, enjuiciamiento, detención, incomunicación, y sometimiento a medidas cautelares».
«Darwinson Rojas, Ana Belén Tovar, Arnaldo Sumoza, Elides Rojas, Marco Antoima, Mimi Arreza, Carol Romero, Eduardo Galindo Peña, y Roland Carreño, quien tiene más de 2 meses encarcelado injustamente«, detalló Tinedo Guia antes de señalar que estos hechos ocurrieron sin que los implicados hayan cometido delitos.
Por otra parte, se recordó que entre el 2004 y 2019 cerraron alrededor de 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos.
El CNP emitió un comunicado al final del evento donde exigió «el cumplimiento efectivo de protocolos y expresas recomendaciones tanto de la OEA (…) como de la ONU, en materia del debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión, libertad de prensa y, libertad de información.»
Estas son las denuncias y exigencias enumeradas por el CNP en el citado comunicado:
- Reiteradas violaciones de derechos humanos fundamentales que han sido víctimas en Venezuela, periodistas, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos, al debido proceso, la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparados especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por sus artículos 23, 49, 57, 58 y 337, cuyas garantías no pueden ser restringidas en estados de excepción, bajo ningún motivo.
- Exige el cumplimiento efectivo de protocolos y expresas recomendaciones tanto de la OEA, en sus diferentes organismos, contenidos en informes extensos y detallados como de la ONU, en materia del debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión, libertad de prensa y, libertad de información.
- Demandamos el cese inmediato de la escalada represiva, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, congelamientos de cuentas sin debido proceso, a través de instrumentos de tendencia totalitaria incorrectamente llamados leyes Antiodio y Antibloqueo, por parte de organismos policiales, militares, fiscales y poder judicial, contra periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, bajo un colapso de servicios públicos, en pandemia, que deliberadamente se tergiversan bajo hegemonía comunicacional, para silenciar el derecho de las comunidades a estar debidamente informados, sin censura, simultáneo a la inexistente rendición de cuentas, corrupción e impunidad.
- Rechazamos categóricamente las campañas de estigmatización y desprestigio desde canales del estado y emisoras de radio, autoridades, a través de programas que generan amenazas, amedrentamientos, temor, censura, contra periodistas, defensores DDHH, ONG especializadas en Venezuela, en el momento que las comunidades exigen y reclaman la libertad plena de todos los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional designada en el año 2015, elecciones transparentes, justas, con organismos imparciales e independientes, mayor información, rendición de cuentas, a pesar del colapso de servicios básicos, con fallas permanentes de electricidad, crisis humanitaria, hiperinflación, recesión, más de 5 millones de desplazados, la peor conectividad y señal de internet del continente, sin gasolina, alta conflictividad social, que afecta el reporterismo de calle, y la noción de servicio público del periodismo.
- El saldo negativo descrito configura un patrón sistemático aplicado de forma masiva en Venezuela, en detrimento de la libertad de expresión, que viola expresamente la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Penal, leyes especiales, además del Código Orgánico Procesal Penal, en materia del debido proceso, contra comunidades o poblaciones desamparadas, en donde los periodistas, camarógrafos, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos son objetivos políticos, señalados, perseguidos, hostigados, para ser víctimas de hechos violentos.
- El Colegio Nacional de Periodistas deplora categóricamente el cierre de medios de comunicación, bajo cualquier figura, por la falta de insumos, la no renovación de concesiones, confiscación de equipos, hurtos, robos de instrumentos, amenazas, amedrentamientos, vías de hechos, inhabilitaciones, campañas de desinformación desde las altas esferas del poder, que constituyen hechos punibles, que además han sido analizados por múltiples instancias de organismos competentes tanto en la OEA, CIDH, Relatoría de la libertad de expresión, Misión Independiente de la ONU, ACNUDH, otros, en donde los funcionarios, civiles y militares en Venezuela, involucrados en la cadena de mando que hayan incurrido en violación DDHH, están sujetos a responsabilidades y sanciones, cuyos delitos de lesa humanidad no prescriben.
- Rechazamos de forma tajante, el oscurantismo, la falta de transparencia, censura, e inexistencia de rendición de cuentas por parte de autoridades y organismos oficiales en Venezuela, reafirmando nuestro fiel compromiso en el cumplimiento de los deberes y obligaciones que pauta la Ley del Ejercicio del Periodismo, tratados internacionales ratificados por el estado venezolano y la Carta Magna, para informar a la ciudadanía, con equilibrio, de manera oportuna y veraz.
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