La petición es la misma en la cercanía del nacimiento del Niño Jesús. Cualquiera de los familiares de los cuatro policías metropolitanos aún recluidos en Ramo Verde pide su libertad. Después de 18 navidades tras las rejas, creen que llegó el momento de que puedan volver a sus hogares.
Desde abril de 2003 están presos. El 3 de ese mes, los funcionarios decidieron ponerse a derecho convencidos de que la verdad los asistía. Atendieron las citaciones por averiguación y terminaron condenados a penas exorbitantes en el juicio más largo de la historia de Venezuela, en el que solo se analizaron dos de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Los dos fallecidos eran seguidores del chavismo.
Pero este año la tristeza se incrementa. Ni el 24 ni el 31 de diciembre sus familiares podrán visitar a los funcionarios, a quienes no ven desde marzo, cuando se decretó la pandemia. Pese a que en otros penales ya se autorizaron las visitas por la época decembrina, en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, las puertas siguen clausuradas para los familiares.
Yamileth Hernández es la esposa del cabo primero Arube Pérez. El fue condenado a 17 años y 10 meses de prisión, que se cumplen el 21 de febrero de 2021. Pese a que cubrió todos los requisitos de la Ley de Redención de la Pena por estudio y trabajo, que le conmuta un día de cárcel por cada dos de instrucción o de labores, ha tenido que pagar su pena completa.
“Tampoco le otorgaron los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, referidos a medidas alternativas al cumplimiento de la pena, vencidas desde 2007”.
A Arube Pérez le nació una hija hace un año y siete meses. Poco han podido compartir juntos, porque la pandemia cortó toda posibilidad de encuentro entre ambos. Yamileth Hernández cuenta los días para que se cumpla la totalidad de la condena de su esposo y él se pueda reencontrar con su la pequeña.
Yamileth Hernández espera que la libertad de su esposo le sea concedida en el plazo establecido, es decir el 21 de febrero. “Pido que se cumpla la ley y se respeten los lapsos”.
María Bolívar es la tía del agente Erasmo Bolívar. Religiosamente, cada 24 y 31 de diciembre, asistía a la cárcel a ver a su sobrino. Este 2020 no podrá compartir con él. No se sabe de quién es la orden, pero las visitas en Ramo Verde se mantienen restringidas.
Ella ha emprendido una cruzada personal para denunciar la injusta y arbitraria prisión de Erasmo, condenado a 30 años de cárcel por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”.
Siempre lo repite. “¿Cómo es que entre 9 funcionarios mataron a dos personas?. Si no hay penas individuales, cómo es que le aplican la pena máxima por una responsabilidad compartida”.
Aún así, María Bolívar sigue tocando puertas, visitando organizaciones de Derechos Humanos, visibilizando la cara de su sobrino. “El es inocente, él tiene que estar libre”, insiste este diciembre de 2020, igual que como lo ha hecho desde hace casi 18 años.
Héctor Rovaín también fue condenado a 30 años de prisión. Como sus compañeros ya contabiliza 18 navidades tras las rejas. Abrazar la religión cristiana le ha permitido sobrellevar la muy dura realidad que le tocó vivir. Nunca se demostró su culpabilidad, pero sigue tras las rejas.
Estando preso perdió a su mamá y a su papá. Al sepelio de Maximiliano Toro no pudo asistir. Es una pena que mitiga con su servicio a Dios, a través de los cultos que organiza en prisión.
Para Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, condenados por homicidio calificado frustrado en grado de corresponsabilidad correspectiva, según decisión de la jueza Maryorie Calderón, la justicia siempre ha estado ausente.
Hoy, cuando el caso está en manos la jueza Ada Marina Armas, ella se escuda en la necesidad de recibir órdenes superiores para otorgarles los beneficios procesales de destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional y confinamiento, pese a que la misma sentencia establece las fechas en que podrían otorgárseles, todas vencidas por cierto.
Laura Pérez de Molina lo explica bien. “Ni mi esposo Luis Molina ni Erasmo Bolívar dispararon sus armas ese día. El calibre de las armas de Arube Pérez y Héctor Rovaín no coinciden con las encontradas en los dos cadáveres por cuyas muertes fueron juzgados. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la persona del comisario Marco Chávez, los exoneró, pero están presos. Este caso es una arbitrariedad de principio a fin”.
La pequeña Lismar, la menor de las hijas de Luis Molina, insiste cada día en que quiere tener a su papá en casa. “Ella quiere tener una familia normal, como las de sus amiguitos”.
Hoy Laura Pérez lo que ve en el caso de su esposo y sus compañeros es simplemente denegación de justicia. “No solo les niegan los derechos procesales, también la libertad”.
Cree que ya pasó el tiempo de repetir los argumentos sobre su inocencia, incluido un extenso expediente que demostró que no tuvieron participación en las dos muertes, de 19 ocurridas en Puente LLaguno el 11 de abril, por las que fueron juzgados. “Todo el mundo sabe que son inocentes, que fueron juzgados por un tema político. Lo que impera ahora es que les respeten sus derechos procesales que los devolverán a sus hogares, junto a nosotros”.
La libertad de estos funcionarios aún es un tema pendiente. Arube Pérez debe salir en libertad el 21 de febrero de 2021. Ese día cumple la totalidad de su condena y espera no estar en prisión ni un día más. “Ya fue suficiente”, atestigua su esposa.
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina esperan por el otorgamiento de los derechos procesales que les corresponden por ley. Es un tema de legalidad, pero también de justicia.
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