Si de algo debemos estar seguros es que las sanciones de EE. UU. y la Unión Europea contra funcionarios, presuntos testaferros e instituciones del Estado venezolano acusadas de ser el soporte del régimen, llevaron a los altos jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro a dejar sus diferencias de lado y unirse para enfrentar a los enemigos comunes.
Además, como lo dijimos la semana pasada, buscaron aliados internacionales como Rusia, China, Turquía e Irán para que ayudaran a fortalecer las murallas que los mantiene en el poder.
De esa forma, todas las acciones de la oposición venezolana y de gobiernos extranjeros para dividir al régimen, y en especial a los militares, no han dado resultados. Causaron el efecto contrario. Los unieron más.
Cuando se presentó el detallado informe del horror de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, una vez más se observó la cohesión de la coalición dominante. Ese documento dio más razones a Maduro y sus más cercanos colaboradores para aferrarse al poder. En realidad no existe un estímulo que los lleve a desalojar el mando del gobierno. Saben que son mayores los peligros si salen de Miraflores.
La semana pasada desde La Haya llegó a Caracas una noticia que pudiera ser diferenciadora si avanza la investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.
La fiscal comunicó al mundo y al jefe del Ministerio Público venezolano, Tarek William Saab, que halló evidencias de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde el año 2014.
Esta semana tuvimos una entrevista con Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) para evaluar la declaración de proveniente de La Haya.
Bensouda tendrá que determinar si existe la estructura institucional y la voluntad de juzgar a quienes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Este proceso tiene un detalle muy importante. No basta con que el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional, Tarek William Saab, diga que los responsables materiales de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o torturas, están presos y son sometidos a un juicio. No, fiscal. Resulta insuficiente que juzguen a un «chinito» de Recadi, que metan preso a quien disparó, secuestró o golpeó a una persona. Se debe juzgar, como dice Tineo, “a los responsables del ataque sistemático y generalizado contra la sociedad civil. Estamos hablando de una cadena de mando, que llega al ministro de la Defensa y al Presidente de la República”.
Ella explicó que ahora viene la tercera fase del proceso que comenzó en 2018. Bensouda tendrá que determinar si existe la estructura institucional y la voluntad de juzgar a quienes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad
La investigación de la fiscal Bensouda es un proceso seguro, en el cual no deberían suceder pasos en falso. Si llega a la cuarta fase, entonces se acercará el momento en que se conocerá quiénes serán los acusados de ser los autores intelectuales de esos crímenes de lesa humanidad.
Ellos o ellas tendrán que ser presentados en La Haya para iniciar el juicio, de lo contrario serán declarados prófugos, y la fiscal puede ordenar su detención.
La única forma de que el proceso no pase a la cuarta fase es que Bensouda observe que existen garantías de que los responsables intelectuales de esa cadena de mando serán juzgados en Caracas.
Por eso, este proceso de la CPI puede, en un tiempo aún no determinado, ser un elemento que intervenga en una negociación de transición, porque para civiles y militares, no es lo mismo ser juzgado en La Haya, que en Caracas.
Corresponderá observar qué sucede con la investigación de la CPI, esperar quiénes serán los acusados y aguardar que ellos mismos decidan su futuro y el de todo un país que desea una transición pacífica y abra la puerta a la recuperación social, moral y económica de Venezuela.
NotiVeraz