Cuando los fiscales federales en Nueva York revelaron una acusación contra un exlegislador venezolano, en mayo de 2020, incluyó la sorprendente denuncia de que el acusado, Adel El Zabayar, fue parte de la conspiración del régimen de Nicolás Maduro para ayudar a los grupos terroristas del Medio Oriente Hizbulá y Hamas a cometer ataques contra los Estados Unidos.
Según la acusación, El Zabayar es un miembro activo del Cártel de los Soles, una mafia de narcotraficantes vinculada directamente a los funcionarios del régimen, incluidos Maduro y Diosdado Cabello. (Ambos, incidentalmente, acusados por los EE. UU. en marzo de 2020 por tráfico de drogas, narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero).
Cabello dijo que el propósito era “crear una gran célula terrorista capaz de atacar los intereses de los EE. UU. en nombre del Cártel de los Soles”, según la acusación.
Ya es hora de que los gobiernos de todo el mundo reconozcan que la crisis en Venezuela no es solo regional. Tiene implicaciones globales peligrosas también. La administración del presidente de los EE. UU. Donald Trump, ha estado sonando la alarma sobre la presencia de grupos terroristas internacionales como Hizbulá, que intentan explotar la crisis de Venezuela para expandir su alcance e influencia.
En 2019, el Almirante de la Marina de los EE. UU. Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de los EE. UU., habló ante miembros del Senado y declaró que “la organización Hizbulá, subsidiaria libanesa de Irán, apoya a redes de asesoramiento en todo el continente [americano]; adquieren armas y recaudan fondos que a menudo provienen del tráfico de drogas y del lavado de dinero”.
Presencia durante décadas
Hizbulá ha mantenido su presencia en Latinoamérica desde la década de 1980. Las redes delictivas de Hizbulá en Latinoamérica permitieron que el grupo financiara, promocionara, reclutara adeptos y planificara, en la década de 1990, los funestos atentados terroristas contra dos objetivos de la colectividad judía en Argentina.
Cuando Mahmoud Ahmadinejad llegó al poder en Irán en 2005, inmediatamente reconoció los beneficios de alinearse con el agitador populista antiestadounidense Hugo Chávez, de Venezuela, con el objetivo de evadir sanciones, financiar el terrorismo y promover la subversión ideológica. Caracas se convirtió en un centro iraní de lavado de dinero, adquirió tecnología y llevó a cabo esfuerzos conjuntos para debilitar la influencia de los EE. UU. en la región y en Medio Oriente.
A donde Irán va, Hizbulá seguramente lo sigue. En consecuencia, ellos extendieron exponencialmente sus actividades delictivas en toda América, incluyendo el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el contrabando. Por ejemplo, la Isla Margarita, ubicada frente a las costas de Venezuela, se estableció como un reducto para los operativos de Hizbulá.
El alcance de la expansión de la criminalidad de Hizbulá en el continente americano fue evidente en 2008, cuando las fuerzas estadounidenses y colombianas desarticularon una red internacional de contrabando de cocaína y lavado de dinero que dirigía un cabecilla libanés en Bogotá. “Las ganancias por las ventas de droga se destinaban al financiamiento de Hizbulá”, dijo a Los Angeles Times Gladys Sánchez, jefa de investigación colombiana.
Cuando Chávez murió a causa del cáncer en 2013, Ahmadinejad lo calificó de “mártir”, y declaró un día de duelo nacional en Irán. Pero aún tras la muerte de Chávez y sin Ahmadinejad en el poder, el nexo Venezuela-Irán-Hizbulá apenas se vio afectado; por el contrario, creció y logró consolidarse.
Teherán, al rescate de Maduro
Ahora que las sanciones estadounidenses amenazan al régimen del sucesor elegido por el mismo Chávez, Nicolás Maduro, Teherán viene al rescate del régimen venezolano con apoyo diplomático y financiero.
En enero de 2019, el General de Brigada del Ejército Amir Hatami, ministro de Defensa iraní, encabezó una delegación para asistir a la turbia ceremonia inaugural de Maduro, luego de su polémica reelección en mayo de 2018 (fue este evento fraudulento lo que permitió a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumir la presidencia interina).
Durante esa visita, Hatami habría hablado de extender la cooperación y “los asuntos de seguridad”. En abril de 2019, el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro Jorge Arreaza, recorrió Medio Oriente para ponerle fin al aislamiento regional de Venezuela, visitando aliados de Irán en Siria y el Líbano. Según reportes de medios locales, también se habría reunido con el secretario general de Hizbulá, Hassan Nasrallah. En los últimos meses, sin embargo, reportes de medios estadounidenses revelaron un panorama más completo y preocupante.
En mayo de 2019, The New York Times consiguió un expediente de documentos de la inteligencia venezolana, que enumeraba las profundas conexiones entre uno de los confidentes más cercanos de Maduro, Tareck El Aissami, y las redes transnacionales de crimen organizado, incluyendo a Hizbulá.
El Aissami, exvicepresidente y actual ministro de Petróleo de Maduro, que fue acusado de narcotráfico en marzo de 2019 en un tribunal federal de los EE. UU., y sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2017, tiene vínculos de larga data con Hizbulá.
Los documentos que obtuvo The New York Times incluyen el testimonio que acusa a El Aissami y a su padre, un inmigrante sirio que trabajaba con Hizbulá cuando volvía de visita a su país, de reclutar a miembros para esa organización terrorista, y así extender las redes de espionaje y tráfico de drogas en la región.
Informantes dijeron a los agentes de inteligencia que el padre de El Aissami estaba involucrado en un plan para entrenar a los miembros de Hizbulá en Venezuela, “con el objetivo de expandir las redes de inteligencia en toda Latinoamérica y al mismo tiempo operar en el tráfico de drogas”. El Aissami colaboró con este esfuerzo, usando su autoridad en materia de permisos de residencia: emitió documentos oficiales para militantes de Hizbulá, lo que les permitió permanecer en el país.
En junio de 2019, en una entrevista exclusiva con The Washington Post, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Maduro, General de División del Ejército Venezolano Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien desertó en abril de 2019, dijo haber visto informes de inteligencia que indicaban que Hizbulá tenía operaciones en las ciudades venezolanas de Maracay, Nueva Esparta y Caracas, presuntamente involucradas en actividades comerciales ilícitas para contribuir al financiamiento de operaciones en Medio Oriente. Figuera se enteró de que estas irregularidades, como el involucramiento de funcionarios en el narcotráfico y la presencia de grupos armados colombianos en Venezuela, “no debían investigarse”.
Corrupción
Lentos pero seguros, los EE. UU. están sacando a la luz las actividades ilícitas de Hizbulá en Venezuela. Cuando el Departamento del Tesoro de los EE. UU. sancionó a individuos pertenecientes al evidentemente corrupto programa de alimentos subsidiados del régimen de Maduro, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, más conocido como CLAP, nombró al colombiano Alex Nain Saab Moran como líder de una sofisticada red de empresas fantasmas, socios comerciales y familiares que lavaban cientos de millones de dólares de ganancias ilícitas en todo el mundo.
Según una nota publicada en el diario colombiano El Tiempo en octubre de 2018, los investigadores sospechan que hay una conexión con Hizbulá en esta red de corrupción. Sayari, una empresa con sede en los EE. UU. que vigila la red para identificar actos de corrupción y delincuentes en mercados emergentes, descubrió seis empresas registradas en el Líbano con nombres similares a los de conocidos intermediarios del CLAP. Sayari sostiene que las empresas podrían estar vinculadas a distintas entidades con sede en Hong Kong y Panamá, que son conocidos intermediarios del programa CLAP.
Minería ilícita
Otro sector en donde Hizbulá estaría extendiendo su alcance es en la minería ilegal en Venezuela. Debido a la escasez crónica de divisas, el régimen de Maduro ha comenzado a saquear las vastas reservas de oro del país, lo que genera consecuencias devastadoras para el medioambiente. A comienzos de 2019, el legislador opositor Américo De Grazia acusó a Hizbulá de haberse instalado en el Arco Minero del Orinoco para explotar las minas de oro.
A principios de diciembre, Vanessa Neumann, embajadora de Guaidó en el Reino Unido, reiteró la acusación y dijo que Hizbulá se beneficiaba de la minería ilegal y luego enviaba el oro hacia Turquía e Irán.
Según el Departamento del Tesoro de los EE. UU., Saab, en contubernio con el sancionado El Aissami, son figuras claves para convertir el oro en divisas. Después de enviar el oro por vía aérea a los Emiratos Árabes Unidos y a Turquía, las entidades turcas se lo compraban al régimen de Maduro y depositaban el dinero en cuentas en Turquía, que posteriormente transferían a una cuenta del Banco Central de Venezuela en Turquía.
Un problema global
El hecho de que un grupo terrorista transnacional como Hizbulá utilice la desesperada situación de Venezuela para fortalecer sus capacidades operacionales significa que el problema no es solo regional, sino también global.
Los gobiernos que creen en un orden internacional seguro y estable basado en reglas, como la Unión Europea y otras grandes democracias como India, deben unirse a los gobiernos latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima (además de Canadá) y los EE. UU., para tomar medidas más firmes contra el régimen de Maduro. También necesitan presionar a los facilitadores de Maduro en Moscú, Pekín y La Habana, para que retiren su apoyo a este régimen criminal.
Hay mucho en juego. Venezuela ya no es solo un problema de migración regional. Se está consolidando como un centro de operaciones para el crimen organizado transnacional y una potencial fuente de actividades terroristas contra los EE. UU.–Colombia y en Medio Oriente. Se acabó el tiempo para las advertencias diplomáticas; es hora de realizar una acción concertada, bajo la forma de sanciones internacionales y medidas más estrictas para el cumplimiento de la ley, con el fin de detener esta amenaza.
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