Tribunal Federal de Miami acusa de lavado de capitales a exfuncionaria del régimen chavista con antecedentes en España por delito de blanqueo de capitales.
Sabe más de la cuenta. No todo es medicina. También conoce de negocios. Ese es el expediente de Claudia Díaz, quien cobró su labor como enfermera de Hugo Chávez y tesorera nacional con lingotes de oro y después, a través de sobornos, sumó una jugosa y lucrativa fortuna por blanqueo de capitales.
Ya no solo la investiga España, sino ahora también un tribunal federal de Miami, según la agencia Associated Press.
Su amistad con el empresario Rafael Gorrín, ejecutivo de medios vinculado al chavismo, la favoreció. Eso destaca en la acusación de lavado de dinero impuesta en Estados Unidos.
Se subraya que la exfuncionaria recibió junto a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, la suma de 4.2 millones de dólares en sus cuentas norteamericanas de fondos. Dichas operaciones fueron procedentes de empresas y cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Díaz aparece implicada dos años después de que la corte del Distrito Sur de Florida detectara que Gorrín pagó 159 millones de dólares en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos.
Relación con frutos
En la causa divulgada por BBC Mundo se asegura que entre 2008 y 2017, Gorrín ofreció y efectivamente pagó sobornos a dos altos funcionarios «con autoridad para tomar decisiones» en la Oficina Nacional del Tesoro para que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el régimen de Venezuela, de las cuales obtenía un beneficio «indebido».
De acuerdo con el documento, estos pagos ilegales se hicieron en efectivo, pero también en bienes, pues incluyeron el pago de la compra de tres jets, un yate, varios caballos de carrera y numerosos relojes de lujo, entre otros bienes. Las autoridades estadounidenses lo declaran como fugitivo
El entramado dentras de
Las objeciones en contra de Díaz y su gestión comenzaron cuando el nombre de su marido aparece en los llamados «papeles de Panamá», en abril de 2016. Ese mismo año, Díaz y su familia se trasladaron a España, donde residen en la actualidad.
El Ministerio Público venezolano les abrió una investigación y emitió una orden de detención internacional contra el matrimonio. Dicho organismo le acusaba de enriquecimiento ilícito.
Según la Fiscalía de Venezuela, la pareja recibió la ayuda del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca para crear empresas «offshore» y «blindar» una fortuna no declarada.
En la orden de detención se establece que ambos utilizaron sus cargos públicos para obtener beneficios económicos y «adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio nacional así como en el exterior» e incrementar su capital «de manera desproporcionada a sus ingresos».
En ella se establece además que Velázquez Figueroa, marido de la enfermera, es titular de nueve empresas en Panamá.
«Las acusaciones que hace Venezuela son totalmente falsas. Mi gestión fue auditada y allí no hubo ningún daño al patrimonio, como ellos dicen», le respondió la enfermera y militar a BBC Mundo.
El dorado que deslumbra
Tres años en la guardia de honor de seguridad de Chávez y ocho años como enfermera del mandatario le sirvieron a Díaz para ascender a la presidencia de la Oficina Nacional del Tesoro.
Este cargo lo ejerció durante dos años en simultáneo con el de secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden).
Fue un tiempo clave. Transcurría 2011 y Chávez acababa de repatriar 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea al Banco Central en Caracas. El argumento para llevar a cabo esta operación fue la necesidad de tener el control físico de los activos.
Ella desempeñaba entonces los puestos de alta responsabilidad económica con órdenes del exministro de Finanzas, Jorge Giordani.
Asegura que en la última etapa de la enfermedad de Chávez se vieron “sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno. Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley, y nos negamos rotundamente».
Adiós a las camaradas
En abril de 2013 Díaz fue destituida por Nicolás Maduro. La oficial dijo que semanas antes de que la despidieran, y pocos días después de haber muerto Chávez, a su marido «lo amenazan de muerte y le dicen que tiene que salir del país».
«No le dieron ni 24 horas para salir y él sale de Venezuela», aseguró. Posteriormente, se fue a República Dominicana.
Díaz permaneció en el país hasta diciembre de 2014, cuando le conceden la baja militar. En ese período su gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, así como también por auditores internos.
Sus explicaciones resultan inútiles para soportar la fortuna acumulada como la compra de 250 lingotes de oro valorados en más de 9.5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press.
Hay más. Al explotar el escándalo en el año 2016 y ya con Hugo Chávez fallecido, fueron requisadas sus casas en una zona clase media de Caracas. En los inmuebles incautaron motos de agua, diamantes, uniformes militares y relojes de marca.
Cree que le siembran falsos testimonios y se defiende. En una entrevista a la BBC Mundo en 2018 respondió que su relación con Chávez fue «meramente profesional» y que con “las funciones de enfermería se creó una relación de respeto y amistad».
En su libro «Mis Huellas” que reseña El Tiempo confiesa que se conocieron después del golpe de Estado de abril de 2002.
Ella era instrumentista del Hospital Militar, enfermera de los hoteles Tamanaco y Eurobuilding. A su vez, se desempeñaba como coordinadora del área de Terapia Intensiva de la clínica privada Leopoldo Aguerrevere.
Se confirma corrupción
«Dicen que el Gobierno de Maduro es una continuidad del Gobierno de Chávez, lo cual que es totalmente falso, porque ellos empezaron a emitir unos lineamientos contrarios a los que veníamos llevando apegados a la ley», responde Díaz a BBC Mundo.
A su juicio, los «quieren exhibir como unos trofeos políticos para tapar precisamente la situación que hay en Venezuela».
La Audiencia Nacional trata por separado las solicitudes de extradición de Díaz y la de Velásquez mientras que fiscales estadounidenses luchan contra la corrupción en Venezuela, al sancionar a funcionarios y empresarios relacionados con Nicolás Maduro.
Estimaron el saqueo de 300 000 millones de dólares de las arcas estatales de Venezuela, tras dos décadas de régimen socialista.
Un saqueo sin medida
Reunir una fortuna dorada representa la visión estratégica de Claudia Díaz y del entorno del régimen.
El atractivo por el metal es evidente. En un informe divulgado por Infoabe apunta que el precio del oro subirá de 1 338 dólares en 2020 hasta cerca de 1 370 dólares la onza. La cotización del metal dorado se ha apreciado más del 27 % desde principios de año.
Sin embargo, para tener lingotes el régimen de Maduro libra una batalla. Obtener las 31 toneladas de oro que Banco de Inglaterra lo mantiene en una disputa legal que hasta los momentos continúa contra el Gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reseña BBC Mundo.
Las barras valoradas en 1 000 millones dólares están en las bóvedas de la institución inglesa y Maduro pretende venderlas, usar los fondos y combatir la propagación del coronavirus en el país.
No la ha tenido fácil. El Banco de Inglaterra rechazó la solicitud del dictador tras la institución británica expresar sus dudas sobre la autoridad de la directiva del BCV, al argumentar que Reino Unido reconoce como gobierno legítimo el de Guaidó.
El BCV insistió y logró su objetivo. Acudió a una corte en Londres a reclamar que el Banco de Inglaterra no cumplía con su instrucción de vender parte del oro y entregar los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para administrar la compra de suministros como equipos médicos para luchar contra el COVID-19.
Las disputas continúan en medio de temores sobre la capacidad del desmoronado sistema de salud de Venezuela para manejar la pandemia de coronavirus y de la incertidumbre de las investigaciones de los paraísos fiscales de quienes estuvieran cerca del dorado.
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