La oposición venezolana negó este sábado una acusación hecha por la Fiscalía y el régimen según la cual varias formaciones políticas de oposición reciben dinero proveniente de fondos públicos para planear acciones «terroristas».
En rueda de prensa, el diputado Freddy Guevara respondió a los señalamientos hechos por el fiscal general, Tarek William Saab, y por el dirigente oficialista Jorge Rodríguez, quienes en declaraciones transmitidas por la televisión estatal acusaron a los cincos partidos más grandes de la oposición de planear quedarse con 8,5 millones de dólares.
Ese presupuesto, que según la Fiscalía está escrito en un documento que fue incautado al opositor Roland Carreño cuando fue detenido esta semana, provendría de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal Pdvsa, en manos del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países.
«Si alguien tiene dudas de si los partidos (opositores) estamos usando fondos públicos para financiarnos, vaya a la legislación de Estados Unidos o la página de la fundación y encontrará que no hay ni un solo bolívar destinado a alguna organización vinculada con nosotros», respondió Guevara.
La fundación a la que se refiere el diputado lleva por nombre Simón Bolívar y es la que entregaría el dinero en cinco partes iguales a las formaciones opositoras, siempre según el documento que presentó Saab el jueves y que Rodríguez volvió a mostrar el viernes en rueda de prensa.
Guevara aseguró este sábado que todo lo dicho por Rodríguez es parte de un montaje y de una «nefasta manipulación» con la que el Gobierno busca dividir a la oposición y amedrentar a sus dirigentes, varios de ellos procesados judicialmente en el país o exiliados.
«Aquí los que se han robado los fondos públicos son los ladrones del (gobernante) Partido Socialista Unido (PSUV), los ladrones son ustedes, los que saquearon Pdvsa (…) la lista es tan larga que podemos seguir hasta mañana», aseveró el legislador.
El día 30 de octubre ya en la web del Centro de Comunicación Nacional del gobierno encargado, un documento público planteaba la posición formal de la coalición opositora sobre el tema: «A pesar de la nula credibilidad de los voceros de la dictadura, debemos reiterar que tanto CITGO, como la Fundación Simón Bolívar, son organizaciones que se encuentran sometidas a los más altos estándares de contraloría no sólo de las autoridades legítimas venezolanas, si no de parte de las autoridades de EE.UU. A diferencia de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la junta Ad-Hoc de Pdvsa designada por el Presidente Guaidó, ha realizado rendiciones de cuentas públicas y periódicas ante medios de comunicación y la Asamblea Nacional, así como han habilitado respectivas páginas web en la que cualquier persona puede corroborar la transparencia de sus operaciones. Por lo tanto, no sólo rechazamos los falsos señalamientos realizados por la dictadura, si no que invitamos a cualquier ciudadano, periodista o medio de comunicación a comprobar la falsedad de las acusaciones de la dictadura en www.simonbolivarfoundation.org.
Roland Carreño declaró bajo amenaza
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano se refirió al video presentado por Rodríguez en el que Carreño, luego de ser detenido, describe parte de sus labores como coordinador operativo de la formación Voluntad Popular (VP) y niega cualquier relación con el presupuesto que supuestamente le incautaron cuando fue arrestado.
Carreño fue «sometido a un interrogatorio inconstitucional, porque (esa declaración) no fue rendida en presencia de abogados, por lo que el juez la anuló», dijo Solórzano tras denunciar que al opositor lo obligaron «a tomarse fotografías con armas en un escenario montado» por el Gobierno.
El abogado defensor de Carreño, Joel García, explicó en Twitter que su cliente fue «obligado a grabar varios videos con guión incluido» en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde permanece recluido, en Caracas.
Carreño está acusado de tres delitos por supuestamente haber financiado la «fuga» a Madrid del líder opositor Leopoldo López, quien abandonó la residencia del embajador español en Caracas, donde permaneció 18 meses en calidad de huésped mientras era reclamado por la Justicia y acusado de terrorista por el Gobierno.
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