En 10 meses de gobierno Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no dejan duda que han restablecido un gobierno castrochavista en Argentina en Cuba y Venezuela.
Su toma de posesión, la política interna, su reforma judicial, la impunidad, las medidas económicas, el manejo de la pandemia de coronavirus, la política internacional, el deterioro de la libertad de prensa y la gestión general, demuestran el retorno al socialismo del siglo XXI, su integración y respaldo a los regímenes que someten a sus pueblos y desestabilizan la democracia en las Américas.
Castrochavismo es una estructura de delincuencia organizada transnacional que opera como grupo político de izquierda, que ha reducido a estado de indefensión a los pueblos oprimidos y que representa la amenaza mas grave para la paz y seguridad de la región.
Iniciado en 1999, cuando Hugo Chávez rescata a la dictadura castrista que agonizaba en su periodo (crisis económica) especial, llegó a su punto máximo alrededor del año 2015 y empezó a declinar, pasando de controlar prácticamente toda Latinoamérica y la OEA, a la situación actual en que bajo el mando de Cuba controla Venezuela y Nicaragua, se resiste a dejar Bolivia, ha incorporado a Argentina y tiene apoyo del gobierno de México.
Los más de 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (de mayo 2003 a diciembre 2015) fueron parte esencial del castrochavismo, caracterizados por la desinstitucionalización, la corrupción, el deterioro de la democracia. En este largo periodo “K”, Argentina estuvo integrada militantemente al “socialismo del siglo XXI la denominación política del castrochavismo” y aplicó su metodología en el orden interno e internacional.
Para quienes tenían alguna esperanza de que Fernández-Kirchner podía ser diferente al periodo K, la realidad objetiva demuestra que desde la posesión del pasado 10 de diciembre destacaron la presencia del dictador cubano Miguel Díaz Canel prácticamente como el invitado mas importante, de Jorge Rodríguez, el vicepresidente sectorial de comunicación del régimen de Nicolás Maduro, de Rafael Correa, el procesado y luego condenado a 8 años de cárcel por corrupción en Ecuador, al tiempo que desconocía y llamaba golpista a la presidenta de Bolivia que asumió por renuncia de Evo Morales y defendía al condenado Lula da Silva de Brasil.
En economía, el gobierno Fernández-Kirchner ha retornado con entusiasmo al centralismo y estatismo subiendo impuestos a la exportación, incrementando el control de divisas y mas impuestos e intentando nacionalizaciones.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina tiene una inflación del 42.2% en el último año, con una estimación del 52,6% del Citi para 2020, Euromonitor del 46,8% y Moody’s del 47.9%. Ya ocupa el segundo peor lugar en inflación en la región después de Venezuela. Su índice pobreza oficial es 40.9%.
La gestión de la pandemia del coronavirus ha hecho más difícil la situación. Argentina es el séptimo país con mas casos de coronavirus y el gobierno adelanta la “cuarentena eterna”. El autoritarismo se ha acrecentado y está liquidando la clase media con la quiebra de los negocios de emprendedores medianos y pequeños. El Producto Interno Bruto cayó un 19,1% en el segundo trimestre de este año. La tasa de desempleo es del 13.5% y subiendo.
Impulsa una reforma judicial que “se busca la impunidad de Cristina Fernández” en las causas de corrupción pendientes con la justicia. La presencia del abogado de Cristina Fernández en el grupo de la reforma es un indicador. Esta situación ya ha hecho crisis y repite la manipulación K de la justicia, además de un conflicto de poderes.
De acuerdo a la clasificación de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de prensa, Argentina perdió 7 puntos en menos de un año, pasando del puesto 57 al 64.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en un comunicado motivado por procesos judiciales y campañas contra periodistas argentinos, pidió al presidente Fernández “no retroceder al pasado” en referencia a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En política internacional, es notable la abierta subordinación y apoyo a las dictaduras de Cuba y Venezuela cuyo último incidente bochornoso se protagonizó en la OEA respecto al informe de la ONU sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. La posición y campaña en la elección del presidente del BID fue otra señal de una Argentina manipulada por Cuba. La política de conspiración abierta contra Bolivia ha merecido denuncia en la Asamblea General de la ONU. La protección a Evo Morales señala complicidad al facilitarle oficialmente incluso la apertura de escuelas para las elecciones del 18 de octubre, cuando estas permanecen cerradas para los argentinos.
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