La presencia del Estado en los territorios y la regulación de los mercados son fundamentales para combatir la actividad ilegal, pero también hay otras acciones posibles, según especialistas.
Las economías ilegales, el crimen organizado y el poder político no son movimientos aislados. Unos deben su existencia a los otros y, a pesar de que se trazan estrategias públicas para enfrentarlos, sus caminos parecen entrelazarse y así se fortalecen todos. A esta conclusión arriban diversos expertos internacionales que encaran la seguridad desde múltiples enfoques y tareas.
Según Juan Carlos Garzón, “le hemos dedicado muchas páginas al narcotráfico, pero las economías ilegales son múltiples”. Dice que incluso en algunas zonas el narcotráfico no es la más importante, y que la trata de mujeres en América Latina “es uno de los mercados más grandes y más mancomunados con el poder político”.
“El crimen organizado debe su existencia al poder político, sin esta conexión no podría existir”, dice Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, y agrega que “el crimen organizado vive de sus relaciones con el Estado”. En Colombia, por ejemplo, “los paramilitares siempre tuvieron vínculo con la política, y construyeron así la parapolítica”.
La falta de capacidades para abordar estos delitos desde la Justicia y enjuiciarlos es determinante. En este sentido, “la impunidad es un factor para el crimen organizado”. Otro problema aparece cuando los habitantes de los territorios colaboran con el crimen organizado y observan impunidad.
Es más que narcotráfico
El narcotráfico es la mayor economía del crimen organizado, pero también existen otras economías ilegales.
La debilidad institucional en términos de controles y regulaciones también complejiza el problema, además de las escasas habilidades de quienes tienen que abordar las políticas de seguridad.
Hay una carencia de conocimiento sobre los niveles de complejidad que implican las redes delictivas. Para ejemplificar esto, Segovia señala las dificultades que existen para comprender a las maras, pandillas criminales con origen en El Salvador. “Las maras son un actor económico de acumulación, ya no se trata del delito común y cotidiano para sobrevivir. Cuando el actor delictivo da el salto y acumula estamos hablando de otra cosa”, afirma.
Hoy las maras reciben dinero de actividades delictivas muy diversas, enfocadas fuertemente en los servicios, como el procesamiento de café y el control del transporte, entre otros. Sin embargo, desde la política se tiende a un razonamiento básico a la hora de pensar en las redes delictivas. Esto se traduce en estrategias basadas en la mano dura, que no sólo no funcionan sino que aumentan el nivel de conflictividad y la letalidad, dice Segovia.
Para Garzón, hoy en día “estamos mejor que antes para pararnos frente al crimen organizado”. Afirma que “hay mayores capacidades de investigación, más políticos destituidos”, y “eso plantea un cambio”. Considera que la región está en problemas, pero que también se ha avanzado. “Esto crea nuevos desafíos. Hay que pensar cuáles son los efectos de tener mayores capacidades de desestabilizar el sistema político, que históricamente ha tenido capacidad de interactuar con lo ilegal”, señala.
“La ley está escrita, pero no es aceptada por la gente, que opera con otra cotidianidad”. Juan Carlos Garzón, colombiano, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la fundación Ideas para la Paz.
La responsabilidad política
Para Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, hay que analizar la salud de la democracia representativa. “Vemos un gran desencanto con la democracia en todo el continente, con caídas clarísimas de la confianza”, afirma. “En muchos lugares, la gente prefiere un gobierno autoritario y no democrático, si soluciona el problema la seguridad”. La seguridad ha sido en todos los países motor de campañas políticas que han logrado generar transiciones de gobierno.
La crisis de la representación en los partidos es otro problema en varios países. “En todos los partidos políticos vemos cómo los partidos ya no son lo que fueron, y así se va transformando la naturaleza de la representación política. Ahora no sabemos si seguirán siendo partidos o no, porque no están cumpliendo con su rol de representación”. Sugiere que el avance de la tecnología ha vaciado algunas de las cosas que hacían los partidos, como ser espacios para generar información y debate.
La chilena Lucía Dammert, que dirige la organización Espacio Público y se dedica a la investigación de temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, dice que “la democracia trae el fortalecimiento de las redes de crimen organizado”. No duda en afirmar que “en democracia las organizaciones criminales tienen un rol político en términos de definición”. Asegura que en América Latina esta realidad se ve todos los días. “El problema no es la calidad de los mercados ilegales, sino la calidad de la política”.
Al igual que Medina, destaca la importancia de conocer la naturaleza del financiamiento de la política. “Se aporta mucho dinero y no se sabe de dónde viene. Hay quienes creen que no es malo recibir esa plata porque consideran que el bien superior es otro: poder financiar la política”.
“Todos estos personajes dicen ser nuevos en la política. Son outsiders, con poca o casi ninguna vinculación. Todos son empresarios que dicen partir de no tener nada y al otro día tener todo. Otra característica es que en general tienen familiares con causas penales”, dice Dammert. Suelen ser movimientos familiares o con financiación familiar, lo que refuerza las teorías criminológicas que relacionan la economía ilegal con mafias familiares.
La situación actual de la política, la crisis de los partidos y la sed punitiva de la sociedad configuran un escenario proclive para la puesta en juego de estos actores. “Se dan cuenta de que pueden penetrar la política, que se pueden hacer dueños de la política, y que la ciudadanía no los va a castigar si cometen delitos, porque la sociedad está pidiendo castigo para otros”.
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