Basado en el informe de la Misión internacional independiente de verificación de hechos enviada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el presidente encargado Juan Guaidó pidió los Estados miembros de la ONU “que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática”.
¿Qué significa esto? ¿Vuelve a ponerse sobre la mesa la opción militar?
La internacionalista María Gabriela Mata Carnevali, profesora de la Universidad Central de Venezuela, especialista en temas africanos y asesora del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, indicó que obviamente el presidente encargado hizo alusión en su discurso a la responsabilidad de proteger (R2P), que es una noción que se abre camino en el ordenamiento jurídico internacional, en el marco de la defensa de los derechos humanos: “Fue concebida en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005 para abordar el fracaso en prevenir y detener los genocidios, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad”.
De los genocidios en Ruanda, en África, a Srebrenica en Bosnia y Herzegovina, se fue acumulando la vergüenza y se pensó que lo conveniente era modificar el marco legal, afirmó: “Así, esta idea busca reemplazar otras figuras tradicionales de derecho internacional como la ayuda humanitaria, abriendo la posibilidad del uso de la fuerza mediante una intervención, que pudiera ser armada”, manifestó.
Responsabilidad de proteger de crímenes atroces
Mata Carnevali señaló que la responsabilidad de proteger estipula que el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población de crímenes atroces y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad.
Pero, “si un Estado no actúa, o es en realidad el autor de los crímenes, como ocurre en Venezuela, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó.
“La novedad de este principio estriba en que la comunidad internacional acepta dicha responsabilidad de manera colectiva”, agregó.
Explicó que la justificación de una intervención de este tipo vendría por una interpretación extensiva del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas relativo al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Una interpretación que colocaría los derechos humanos por encima de los intereses de los Estados, siempre sujetos a los pragmatismos y valores ideológicos de los gobiernos de turno. “Lamentablemente, la estructura misma de la institución hace muy difícil una acción en este sentido”, dijo, recordando que existe la figura de veto.
Derechos a asistir
Sin embargo, ya se ha ensayado. En Africa tenemos algunos ejemplos de la adopción de la responsabilidad de proteger. “Pudiera decirse que en ese continente se ha pasado de la ‘no injerencia’ a la ‘no indiferencia’, pero los resultados distan de ser los deseados”, apuntó.
Por esto se comienza a hablar más bien del derecho a asistir. Como señala la internacionalista, Guaidó también utilizó la palabra asistir. Para ella, “puede ser mucho más fructífero un marco normativo que considere, por sobre todas las cosas, el bienestar de las poblaciones en riesgo y favorezca la coordinación internacional y el apoyo a las campañas de resistencia civil no violenta”.
En cualquier caso, como recordó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan”. Hoy, en Venezuela, es cuando más se necesitan, afirmó Mata Carnevali.
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