El Parlamento solicitó este martes 22 de septiembre a la comunidad internacional actuar para detener las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen de Nicolás Maduro, los cuales fueron registrados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas.
El diputado Marco Bozo exigió que la Corte Penal Internacional actúe con celeridad ante la evidente y sistemática violación de los derechos humanos que ocurre en Venezuela. Además, consideró que la comunidad internacional no puede hacer caso omiso del informe.
“La comunidad internacional debe saber que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tiene que ver con la soberanía”, subrayó parlamentaria Delsa Solórzano.
El diputado Américo De Grazia sugirió acudir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se haga justicia y sustentar todos los casos. Al mismo tiempo considera que se debe exigir la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“En el ámbito nacional e internacional, este informe es determinante para que el mundo conozca el verdadero rostro de Nicolás Maduro y su régimen criminal. Este informe deja clara la responsabilidad del Estado venezolano y que estos crímenes forman parte de una política planificada y sistemática ordenada por Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Padrino López, Diosdado Cabello y toda la estructura represiva”, afirmó el diputado Joaquín Aguilar.
“Los venezolanos necesitamos la ayuda internacional para salir de esta tragedia en la que estamos sumergidos”, expresó por su parte el parlamentario Freddy Valero.
Artículo 187 de la Constitución
El diputado Richard Blanco exigió discutir el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, el cual permitiría facultar al presidente de la República para solicitar ayuda internacional y recuperar la libertad y la democracia del país.
“Están dadas las condiciones para solicitar apoyos internacionales, ya que la República es firmante de diferentes tratados y doctrinas internacionales”, alegó.
La legisladora Adriana Pichardo pidió apoyo y aprobación para que la misión permanezca un año más investigando los hechos en el país.
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