El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) atenderá esta semana la solicitud de Delcy Rodríguez, de anular las medidas restrictivas del Consejo de la Unión Europea, tomadas en 2017, contra ella y otros dirigentes chavistas.
A pesar de esas restricciones impuestas por la Unión Europea, entre ellas la prohibición de viajar al espacio Schengen, Delcy Rodríguez se reunió en la madrugada del 20 de enero pasado en el aeropuerto de Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La publicación de dicho encuentro provocó un conflicto diplomático internacional recogido por gran parte de la prensa extranjera, y una airada reacción de toda la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, así como la presentación de querellas.
El soporte en el aeropuerto madrileño concedido por el Gobierno español a la número dos de Nicolás Maduro se produjo a pesar de que la Unión Europea considera que las acciones de Delcy Rodríguez van en contra de la democracia.
La UE estima que las acciones de Rodríguez «en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político».
En la vista que se celebrará esta semana en Luxemburgo, el tribunal europeo atenderá la demanda presentada por la vicepresidenta venezolana contra la Comisión Europea en septiembre de 2018. En ella requiere que sea anulada la decisión del Consejo de la UE por la se aplican las medidas restrictivas, y se condene a la UE a cargar con las costas del proceso.
Delcy Rodríguez invoca dos motivos para apoyar su recurso. Por una parte sostiene que los actos impugnados «adolecen de un error manifiesto de apreciación y no se sustentan en pruebas precisas y concordantes».
Rodríguez alega un «error manifiesto»
La venezolana alega que el Consejo «incurrió en error manifiesto de apreciación en lo que concierne a las funciones y al papel de la demandante y no exhibió pruebas precisas y concordantes que sustentasen sus alegaciones».
También aduce que el Consejo «no examinó adecuadamente las pruebas o que, cuando menos, su apreciación de estas fue manifiestamente errónea».
Defiende igualmente, a pesar de la política contra la propiedad impuesta en Venezuela por el régimen chavista, que las medidas restrictivas impuestas «constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad de la demandante».
Además de Delcy Rodríguez, otras 24 personas vinculadas a la dictadura de Maduro tienen impuestas medidas restrictivas en la Unión Europea.
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