Desde que inició la pandemia del Covid-19 hace casi seis meses, las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) permanecen cerradas, lo que para los expertos viola el derecho de identidad de los venezolanos.
Y es que niños que necesitan cédula para inscribirse en los colegios, quienes requieren pasaporte y aquellos que perdieron su documento no tienen opciones.
Abogados y diputados del país consideran esta medida “una violación contra la identidad de los venezolanos”.
Alegan que no existe justificación alguna para que notarias y registros en todo el país permanezcan cerrados durante las semanas de flexibilización.
El abogado José Gregorio Zaa asegura que los más afectados por el cierre del SALIRME son los niños que “esperan por su cédula para iniciar el año escolar».
Además, «de todas aquellas personas que necesiten realizar un trámite legal o que por una u otra razón perdieron su documento de identidad”.
El diputado Guillermo Palacios dice que la intención del régimen es impedir que las personas tengan pasaporte para resolver problemas migratorios.
“Esto ocurre desde que se incrementó el precio del pasaporte nuevo o renovación, pues su costo está anclado al petro y es impagable para una persona con salario mínimo».
Otro elemento se agrega a esta situación, en tres meses se realizarán las elecciones y el régimen ni siquiera por esa razón reabre las puertas del SAIME.
«En los últimos procesos que han sido un megafraude electoral, se han hecho operativos de cedulación relámpago en zonas dominadas por el PSUV», sostiene el jurista Zaa.
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