Pese a que el gobierno de Maduro sigue presentando como un logro la reducción de la inflación y el abastecimiento de productos básicos, la realidad es que la fuerza laboral del país sigue siendo pobre.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó que la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el deterioro de su calidad de vida se mantuvo durante 2021.
Un informe de la ONG registró que el 58 % de los empleados del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza el 75 %.
Esta situación ha llevado a los ciudadanos a exigir la dolarización del salario, la renovación y respeto a los contratos colectivos y el cese «del acoso laboral y el amedrentamiento.
Estas exigencias obedecen a «la amplia brecha que existe entre el costo de la canasta básica y lo percibido como salario mínimo, lo que impide que un trabajador pueda cubrir alguno de los rubros, en particular el de alimentos».
El salario mínimo de Venezuela es de 130 bolívares, que equivalen a 28 dólares, mientras que la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas llega a los 381 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
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