Wolmer Pinilla y José Augusto Arias aseguran que seguirán luchando «para que se haga justicia por nuestros compañeros que fueron masacrados en el caño de Las Coloradas». A pesar de admitir su responsabilidad en 1995, el Estado venezolano no ha proporcionado justicia efectiva a las víctimas de la masacre de El Amparo y sus familiares.
En junio de este año, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones del estado Apure, dictar sentencia sobre el caso, pero el TSJ aún no remite el expediente completo.
El 28 de octubre de 1988 en el caño Las Coloradas, ubicado en la población de El Amparo, municipio Páez del estado Apure, se realizó una incursión de efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (pertenecientes a la Fuerza Armada) contra supuestos guerrilleros, que terminó en la masacre de 14 pescadores.
Los únicos sobrevivientes de la masacre, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, manifestaron este viernes 28 de octubre frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, para exigir que se haga justicia y se sancionen a los responsables por el asesinato de sus compañeros.
Wolmer Pinilla aseguró que su vida y la de Arias «cambió en 90%. Nosotros somos personas humildes y trabajadores, somos pescadores. Esa es mi profesión y la seguiré ejerciendo, pero nos cambió la vida porque seguiremos luchando para que se haga justicia por nuestros compañeros que fueron masacrados en el caño de Las Coloradas«.
Tristeza, dolor, desespero y angustia acompañaron a los sobrevivientes durante los primeros años, según cuentan. «¿Por qué? Porque perdimos a nuestros compañeros, unas personas inocentes», dijo Pinilla.
«Si fuésemos unos vagabundos, unos subversivos, no nos presentamos en la Policía. Nosotros buscamos a la justicia venezolana, declaramos en tribunales, seguiremos adelante para seguir luchando en este caso», sentenció Pinilla.
La protesta fue organizada por el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), y acompañada por familiares de víctimas de la violencia policial y militar organizadas en la asociación Madres Poderosas. También se celebró una misa, oficiada por el padre Gregorio Alfonso, por el descanso de las víctimas.
Marino Alvarado, coordinador de proyectos de Provea, resaltó que el pasado 25 de octubre se solicitó el expediente a la Corte de Apelaciones del estado Apure, que tiene la responsabilidad de dictar sentencia en este caso según una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero el expendiente no ha sido remitido en su totalidad por la Sala Penal del TSJ, por lo que la Corte de Apelaciones no ha podido dar celeridad al caso. «34 años después no se ha castigado a los culpables», sentenció.
Para Provea, «la Masacre de El Amparo constituyó uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos de la historia contemporánea venezolana», pero la impunidad continúa brindando protección a los responsables.
¿Qué pasó en la masacre de El Amparo?
Los efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (pertenecientes a la Fuerza Armada y la Policía) asesinaron a los pescadores José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Todos fueron presentados como supuestos guerrilleros.
Una de las personas señaladas como autor intelectual de la masacre de El Amparo es el exministro y exgobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín. También es acusado de otros hechos ocurridos en el mismo período y conocidos como “los amparitos”.
Otros de los señalados son el general (Ej.) Camejo Arias, quien fue designado como director de Seguridad de la Gobernación del estado Bolívar, en 2004; el coronel (Ej.) José Vivas Quintero, exdiputado al Parlamento Andino; el excomisario (Disip) Henry López Sisco, quien fue contratado por el ex gobernador Manuel Rosales en la Gobernación del Zulia; Ricardo Pérez Gutiérrez, juez militar que instruyó el expediente de la masacre y revocó los autos de detención contra los funcionarios involucrados.
El 29 de abril de 1992, el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó una sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país. Esa sentencia fue confirmada en junio de 1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza.
Los abogados de las víctimas interpusieron un recurso de casación, y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó sentencia definitiva ratificando que los militares y policías actuaron para «defender» la soberanía nacional ante un grupo subversivo.
El caso también fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1990, que pidió al Estado venezolano investigar y sancionar a los responsables, así como reparar a las víctimas. Debido a que no se obtuvo respuestas, el caso fue llevado a la Corte Interamericana en 1994.
Venezuela procedió a contestar la demanda ese año, pero en enero de 1995 se reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y el Estado asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas.
Durante la gestión de Rafael Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización, pero el Estado, por un mal cálculo de los pagos, quedó debiendo aproximadamente el 5%, que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005, durante la presidencia de Hugo Chávez.
En enero de 2010, la Corte IDH hizo una audiencia de seguimiento del caso. Dos meses más tarde se dictó una sentencia en donde se acordó reabrir el caso de El Amparo. También se le ordenó al Estado venezolano que debía dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada en 1995, y que tenía oportunidad de hacerlo hasta junio de 2010.
En octubre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló, por petición del Ministerio Público, la sentencia que en 1998 declaró inocentes a quienes dieron muerte a los 14 pescadores de El Amparo.
En ese momento, el TSJ remitió el caso a la Corte Marcial para que dictara una nueva decisión de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia, contrariando además varias sentencias dictadas por la propia Sala en casos anulados en la justicia militar.
El 14 de junio de 2017, la Corte Marcial se declaró incompetente para cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional, debido a que los delitos imputados a los involucrados “son de naturaleza no militar […] constituyen delitos de naturaleza común enjuiciables y sancionables por la jurisdicción penal ordinaria”.
Finalmente, en junio de 2022, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones del estado Apure, dictar sentencia en relación a los hechos ocurridos el 29 de octubre de 1998 en el Caño Las Coloradas.
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