243 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en respaldo a la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
Los parlamentarios señalaron que «la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante» en el país, a través de nuevas detenciones arbitrarias, persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, defensores y activistas de DDHH o personas de la sociedad civil «que se manifiestan o protestan pacíficamente» en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
La Sala de Apelaciones decidió confirmar la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tras la apelación hecha por la administración Maduro.
Los jueces, que tomaron la decisión por unanimidad, consideraron que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban lo suficiente la investigación que hace el fiscal Karim Khan, y recordaron el caso de Filipinas, cuando se dio una apelación similar.
La Fiscalía de la CPI investiga presuntos delitos de persecución, torturas, violaciones y abuso sexuales en el marco de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas presuntamente cometidos en territorio venezolano, al menos desde 2014. Esta instancia ha dicho que no descarta más adelante sumar a su investigación otros crímenes considerados de lesa humanidad.
También rechazaron los seis motivos de apelación hechos por la administración Maduro. Dictaminaron que no encontraron «error alguno» en lo decidido por la Sala de Cuestiones Preliminares, al autorizar a la Fiscalía de la CPI continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Tampoco encontraron «motivos convincentes» para apartarse de este fallo.
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