La disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Bolivariano de Liberación, el Ejército Popular de Liberación, Los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, la Autodefensa Unida de Colombia, el pranato carcelario, los colectivos armados y los pseudosindicatos de la construcción, mineros y petroleros son la constelación de estructuras del crimen organizado que hoy controlan el 90 % del territorio, según denunció Fermín Mármol García, criminalista y experto en seguridad ciudadana.
Además hay una veintena de megabandas criminales sustentadas en la delincuencia organizada, la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas y municiones. Considera que el crimen y la violencia son tumores sociales que han hecho metástasis, ocasionando que impere el “primitivismo institucional”, donde la ciudadanía no confía en ningún poder público para resolver sus problemas.
“En el país se optó por dos políticas públicas muy equívocas: darle beligerancia a la guerrilla colombiana y el Plan de Pacificación frente al delito organizado, donde hubo una paz entendida con pranes y ahora con las megabandas”, expresó.
¿Cómo evalúa los operativos policiales que la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, ha ordenado en barrios de Caracas como La Vega, para tratar de desarticular a megabandas criminales sin éxito?
Cuando hablamos de crimen y violencia se trata de tumores sociales que en el caso de Venezuela por políticas públicas inexistentes y equívocas hicieron metástasis, logrando materializarse el primitivismo criminal, que es tener en un país con estructuras del crimen organizado violento que han logrado control territorial, someter a una población, desplazarla y hacer florecer una economía criminal. Lamentablemente, el Estado no termina de comprender que los operativos policiales no son la solución final para lograr rescatar el territorio y hacer justicia. Ir a planes de seguridad ciudadana, sólo con el formato de operativos es recordar la Operación de Liberación al Pueblo (OLP), la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) y el Plan Caracas Seguro que no funcionaron.
¿Estamos ante territorios declarados independientes dentro de la propia República de Venezuela por estos delincuentes?
Criminológicamente, los llamamos microestados dentro de Venezuela, porque se ha ausentado el poder nacional, estatal, municipal, incluso el sector privado también ha huido de allí, y ha quedado una población que cada día deja de ser ciudadano para convertirse en meros pobladores, y eso es una tragedia. Estas estructuras del crimen organizado violento tienen un aparataje paraestatal que hace labores parapoliciales, parajudiciales, se convierten en la autoridad legislativa, ejecutiva, judicial en la zona. Son las que establecen hasta qué hora son las fiestas, acuerdan desalojos, resuelven problemas maritales, protegen e investigan cuando algo ocurre.
¿Cómo están organizadas estas megabandas y por qué están tan bien armadas como la Fuerza Armada Nacional?
El concepto de megabanda criminal es autóctono, no encontramos referencias en Latinoamérica del empleo de la megabanda, en otros países les llaman “las maras”. Las megabandas son aquella estructura del crimen organizado que ha logrado el control territorial y florece una economía criminal sustentada en la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de municiones. Las integran al menos 70 individuos con apresto operacional ofensivo cada uno. Sus integrantes tienen fusiles, artefactos explosivos tipo granada, y muchas veces el poder de acción transpolan un municipio y logran establecer organizaciones también en otros estados.
¿Cuántos estados del país están tomados por la violencia criminal?
De 23 estados de la República, 19 albergan al menos tres estructuras del crimen organizado. Cinco de esos estados Apure, Zulia, Táchira, Aragua y Bolívar tienen una altísima fragilidad, porque cada uno tiene al menos seis estructuras del crimen organizado violento con control territorial.
¿A qué estructuras del crimen organizado se refiere?
A la disidencia FARC, al ELN, al Frente Bolivariano de Liberación, que son Los Boliches, Los Rastrojos, los Urabeños, a las Águilas Negras, a las Autodefensas Unidas de Colombia, al pranato carcelario, a los colectivos armados y violentos y a los pseudosindicatos de la construcción, mineros y petroleros.
¿Cómo se deben combatir a estas bandas criminales?
Como se logró en Medellín, en Ciudad de Juárez, en las favelas de Brasil donde la autoridad debe llegar para más nunca retirarse. Tiene que haber un plan absoluto, que cuando llegue la autoridad inmediatamente estén entrando tractores, camiones para construir la estación policial en la zona más alta, para construir el cuartel militar en la zona más alta, para lograr convenios con personas, expropiarles sus viviendas y mudarlos a otra parte porque ahí deben montar una notaría, una oficina de identificación, un dispensario; es decir, viene el esfuerzo del Estado para invadir el tejido social cultural en donde hubo ese tumor.
¿Por qué Maduro no acaba con el crimen organizado en Venezuela?
Por varias razones: primero los aliados internos para combatir a las estructuras criminales que son el sector privado, las iglesias, medios de comunicación, gremios, las universidades, las ONG han sido perseguidos por el Estado y la política partidista de ideologías impide tener alianzas internas. Segundo, los aliados internacionales que requerimos para desmontar muchas de estas estructuras del crimen organizado violento son Colombia, Brasil, en el Mar Caribe los Países Bajos, y un apresto operaciones de información e inteligencia para el tráfico ilegal de drogas, tráfico de municiones, tráfico de personas, que serían Reino Unido y los Estados Unidos. No veo la posibilidad de tener esa alianza. Tercero, el gobierno tendría que pagar un costo político muy elevado porque se le ha permitido por años beligerancia a la guerrilla colombiana y porque el Plan de Pacificación frente al delito representó un gran error, tener una paz entendida con los pranes y ahora con megabandas.
¿Cómo estamos a nivel mundial en materia de seguridad?
Venezuela está en el ranking de los países con más homicidios vista la tasa, está en el ranking de los países con más secuestros, más corruptos, con menos transparencia del planeta, según Transparencia Internacional. Estamos en el ranking de los países con más fragilidad para evitar que ingresen y egresen drogas en su territorio.
¿Qué opinión tiene sobre los procesos de diálogo que ha propuesto el director del Cicpc, Douglas Rico con megabandas, como la de alias el «Coqui»?
Interpreto esa declaración como el norte que tiene la rectoría de seguridad, que responden a los planes de políticas públicas que establecen los políticos. Aquí todo es con negociación, todo es con acuerdos, todo dentro de un marco de pacificación entendida, pero los éxitos que se consiguieron en Medellín, Ciudad de Juárez, Río de Janeiro, entre otros ejemplos latinoamericanos con mano dura, justa dentro del ámbito jurídico y con la invasión del Estado en la zonas populares que empezó a hacer que dejaran de llover balas para que llovieran instrumentos musicales, libros y balones deportivos.
¿Cuántas estructuras del crimen hay en Venezuela?
En Venezuela hay ausencia total de estadísticas, pero a través de un trabajo empírico se precisó que hay 18 mil estructuras del crimen. 12 mil dedicadas al delito violento, seis mil dedicadas al delito de astucia. Eso representa que al menos unas 70 mil personas tienen como oficio el crimen y tenemos una población similar entre los privados de libertad. Eso es una gran tragedia en un país que el hacinamiento supera el 150 %. Si las instituciones funcionaran, las policías en su papel, el Ministerio Público en su papel, los tribunales de justicia penal en su papel, no tendríamos a donde llevar tras las rejas a las personas que han cometido delitos graves.
¿Cómo evalúa la actuación del Estado para crear políticas públicas en materia de seguridad y justicia?
Estamos en un país donde las policías uniformadas quieren investigar delitos, donde la policía de investigación se le manda a patrullar, donde los fiscales le dan órdenes a los jueces, donde no se cumple la función específica. Tenemos un bochinche institucional. Yo sueño con el rescate a la meritocracia.
¿Qué esperar de la decisión de Maduro donde ordenó a Diosdado Cabello y Cilia Flores reformen el Poder Judicial?
Soy poco optimista, porque no he visto que se haya convocado a los decanos de las facultades de derechos de las universidades autónomas, a los directores de escuelas de derecho, a los presidentes de los colegios de abogados, tampoco convocó a ONG importantes en Venezuela como Transparencia capítulo Venezuela, Foro Penal, ni ha anunciado la creación de comisiones evaluadoras para llamar a concursos de credenciales a los hombres y mujeres que van a pertenecer al Ministerio Público o a la administración de justicia en el país.
«Con diálogo puede haber segmentos de democratización»
Fermín Mármol García, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, considera que a pesar de que 19 estados del país tienen presencia de estructuras criminales violentas, de concretarse una negociación entre el gobierno y la oposición, puede haber una esperanza para ir logrando pequeños espacios hacia el retorno de la democracia.
«Siempre voy a apostar en los intentos porque se dialogue, en los intentos porque se acuerden pequeñas o medianas o grandes metas. Eso no tiene nada que ver con que usted tenga otras estrategias para lograr la democracia, la libertad. No tiene nada de malo tener una mesa de negociación que sea parte de un tablero y tener tus otros tableros como estar recorriendo el país, buscando alianzas internacionales, como estar alentando a la población», comentó.
Para Mármol García, los cambios políticos no se van a dar de manera abrupto e inmediata. «Los elefantes para comérselos hay que rebanarlos primero, hay que ir rebanando esta realidad poco a poco porque no pareciera que esta realidad está hoy día en la mesa, como tanto se nos dijo como ciudadanos en el pasado», comentó el jurista.
Fuente: LA PRENSA DE LARA
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